Lejos de ser un caso aislado y eventual, los sucesos ocurridos en la parroquia La Vega el pasado 8 de enero constituyen un eslabón en la cadena de la escalada de violencia que ocurre en el país, donde tanto la actividad de bandas armadas como el uso sin control alguno de la violencia por parte del Estado generan una espiral que está afectando profundamente el tejido social del país.
Por José Luis Carrillo / talcualdigital.com
Los vecinos de La Vega vivieron horas de angustia y horror en esa semana que concluyó el sábado 9 de enero. Días antes, algunos habitantes de la zona habían reportado a través de las redes sociales la presencia de personas que portaban armas largas; se propagó la versión de que algunos de estos elementos estaban vinculados a una banda que prácticamente tiene el control de los barrios ubicados a lo largo de la Cota 905, zona adyacente a La Vega, y muchos vecinos intentaron resguardarse temprano en sus casas para evitar el peligro.
El viernes 8, con el ingreso a la zona de efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la angustia dio paso al terror: 23 personas cayeron víctimas de la actuación de este cuerpo de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro que la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, ha insistido en que debe ser desmantelada pues es uno de los de mayor letalidad en el país y desde entonces han surgido informaciones sobre violaciones a los DDHH durante el operativo, allanamiento de viviendas, y presunto asesinato de personas que no formaban parte de banda alguna, todo ello con el agravante de que en Venezuela no existe la pena de muerte, algo que la mayoría de los países han dejado de practicar pues nunca produjo los resultados que alguna vez se esperaron.
Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares y Víctimas (Cofavic) y el criminólogo Fermín Mármol García, coincidieron en señalar que la actuación fuera de los cánones admitidos por Naciones Unidas es lo que ha facilitado toda esta escalada de la brutalidad, e insisten en señalar que los países que han logrado superar sus niveles de violencia lo han hecho trabajando en el marco de tales disposiciones y en conjunto con ONG de derechos humanos e instituciones sociales.
Violencia actual no se compara con masacres antiguas
Aunque algunos investigadores y ONG de DDHH han afirmado que la acción en La Vega, por el número de muertes (al menos 23), supera casos emblemáticos de masacres de la llamada IV República, como los de Cantaura (1982, 23 víctimas), El Amparo (1988, 14 muertos) y Yumare (1986, nueve asesinados), los expertos consultados por TalCual evitaron encuadrar lo ocurrido en La Vega en este tipo de prácticas.
“No es posible establecer comparaciones históricas en materia de DDHH –expresó Liliana Ortega-. En los últimos 31 años que hemos documentado, podemos decir que “el caracazo” (1989) no tiene comparación con ninguno de los casos ocurridos, por el número de víctimas, por el despliegue del Plan Ávila, el uso generalizado y desproporcionado de la fuerza en zonas populares y los componentes que participaron. Hay, además, elementos que son distintos; desde el año 2005 hemos venido documentando una serie de casos en el interior del país, bajo la denominación de grupos parapoliciales que se denominaron ‘de exterminio’, y que es un primer antecedente de estos escuadrones de violencia, se trata de cuerpos dependientes de policías estadales y municipales. Hay varios casos que la Corte ha dictaminado que ocurrieron en un contexto de impunidad y violencia”.
“En donde se puede comparar es si se violó o no la ley, si se cree o no en el trabajo de investigación. Con respecto a lo de La Vega eso lo dirá el futuro. Podemos preguntarnos “¿Siente la población que hubo satisfacción con el trabajo de la Policía y el Ministerio Público con respecto al caso de El Amparo o no? No puedo comparar operativos, pero sí las conclusiones. ¿Se trata de una política que se va a sostener en el tiempo o es un operativo más?
Señaló que el crimen y la violencia son problemas sociales y requieren soluciones sociales. “Es evidente que los operativos policiales son necesarios, el crimen hay que reprimirlo y la violencia reducirla. Cuando hay control de territorios y economía criminal es necesario que las acciones de los cuerpos de seguridad vengan acompañadas de políticas sociales y la llegada tanto del sector público como del privado”.
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