Antes del amanecer del 8 de enero, varias decenas de policías se desplegaron por las calles del Barrio Kennedy, una empobrecida zona situada en una ladera que rodea la violenta capital de Venezuela.
Algunos agentes fueron recibidos a tiros por delincuentes. Respondieron al fuego, hiriendo a cinco jóvenes. Los cinco fueron llevados al hospital, pero terminaron falleciendo por la gravedad de sus heridas.
Esa fue, al menos, la versión oficial detallada al día siguiente en un comunicado de la unidad de élite que realizó la operación, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional de Venezuela.
La versión del comando difiere de la de cinco testigos reunidos por Reuters. Los testimonios aseguran que la policía mató a una de las víctimas, pero no en una balacera en la calle, sino dentro de su casa.
La versión oficial también se contradice con un video en que aparece la víctima, unas imágenes a las que tuvo acceso Reuters y que son reportadas aquí por primera vez. El material fue obtenido por investigadores de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición venezolana.
La grabación de 82 segundos muestra a un hombre sin camisa y desarmado en un depósito dentro de su casa, al tiempo que es interrogado por los policías sobre el robo de un auto en las cercanías, mientras suplica por su vida.
“Hermano”, dice José Arévalo, de 29 años, trabajador de una tienda que cumplió una condena por robo a mediados de esta década y desde entonces evitó más problemas. “No me vayas a matar”.
“Si tú colaboras, te vas a ir”, responde un agente no identificado, de uniforme negro y pasamontañas. “Si no, te vas a morir”.
El video fue grabado en los últimos minutos de vida de Arévalo, dijo su novia a Reuters.
Según afirmó, la pareja estaba en casa con sus dos hijos cuando irrumpieron unos 15 uniformados y una persona no identificada con ropa civil.
A ella la sacaron de la casa con los niños. Hablando bajo condición de anonimato, la novia de Arévalo dijo creer que el video fue filmado por una de esas personas, todas desconocidas para ella, una vez que estuvo afuera de la casa.
Desde la calle escuchó cómo Arévalo era golpeado, señaló. Minutos después, escuchó disparos. Vio a los agentes sacar a Arévalo de la casa, aparentemente muerto y completamente vestido.
Luego, la policía acribilló a balazos las paredes de la casa, haciendo parecer que se había producido un tiroteo. Justo antes de partir, robaron un cartón de huevos y la bicicleta de sus hijos, indicó.
“Si mi hijo había cometido algún delito, ellos tenían que llevarlo a un tribunal e imputarle”, dijo Zuleica Pérez, la madre de Arévalo y encargada de identificar más tarde el cadáver en la morgue. “En cambio, decidieron ajusticiarlo”.
El relato que hizo la novia fue corroborado por otros cuatro testigos que estaban en el lugar de los hechos. El caso es uno de los 20 que Reuters documentó en todo el país y en los que testigos han descrito ejecuciones extrajudiciales a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales o FAES, como es conocida por sus siglas en español.
El comisionado jefe de FAES, José Domínguez, se negó a hablar sobre la muerte de Arévalo y los otros casos mencionados en esta historia. Ni el Ministerio del Interior ni el de Información respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las detalladas descripciones de los hallazgos de este artículo.
El grupo FAES ha sido acusado por la oposición política, las Naciones Unidas y venezolanos de clase trabajadora de realizar ejecuciones extrajudiciales en nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En julio, un informe de la ONU denunció las “ejecuciones” del escuadrón FAES y pidió a Maduro que disolviera el grupo. El informe no detalla casos específicos de abuso ni identifica a ninguna de las personas asesinadas.
Maduro calificó el informe de “parcial” y en un discurso televisado a nivel nacional gritó desafiante: “¡Que viva el FAES!”.
Durante meses, Reuters, otros medios, agencias internacionales y grupos de derechos humanos han informado sobre acusaciones en torno al grupo FAES.
Ahora, después de una investigación de cuatro meses, Reuters contrasta los relatos de decenas de testigos, familiares de los fallecidos y documentos oficiales relacionados con las muertes con las afirmaciones del escuadrón de que sus oficiales dispararon sólo después de ser atacados.
La investigación proporciona el más amplio recuento hasta la fecha sobre los métodos utilizados por esa fuerza especial para eliminar cualquier amenaza que el gobierno de Maduro perciba.
Este retrato del grupo FAES, una fuerza de unos 1.500 agentes, complementa reportes anteriores en los que Reuters examinó otros contundentes mecanismos utilizados por Maduro para controlar a su empobrecida población: desde un abultado cuadro de fieles militares de alto rango hasta un servicio de inteligencia especial creado con la ayuda de asesores de seguridad importados de Cuba.
El grupo FAES es una herramienta diseñada por el propio Maduro.
La creó en julio de 2017, cuando enfrentó un aumento de una delincuencia violenta por el colapso de la economía petrolera de Venezuela. La fuerza fue promocionada por las autoridades como un medio para detener la ola de criminalidad.
En cambio, según políticos de la oposición y expartidarios de Maduro, el escuadrón FAES se convirtió en un medio de control social en los barrios pobres del país, sacudidos por una crisis alimentaria y el desempleo, donde las redes criminales podrían provocar agitación y amenazar la hegemonía del gobierno.
El objetivo, en palabras de un exmiembro del gobierno de Maduro, es infundir miedo y evitar que las calles de Venezuela engendren una nueva oposición política.
“Maduro lo usa cuando necesita un cuerpo que esté a su orden totalmente y que ejerza cualquier atropello, cualquier barbaridad o abuso”, dijo Zair Mundaray, exasistente de la Fiscalía General, quien abandonó Venezuela después de haberse distanciado de Maduro hace dos años.
La muerte de Arévalo comparte muchas características similares con otros asesinatos atribuidos al grupo FAES. En todos los casos revisados, la fuerza policial siguió un patrón, emitiendo un comunicado diciendo que un asaltante armado se resistió a la autoridad y murió en un tiroteo.
En cada caso, la narrativa oficial fue refutada por declaraciones de testigos, fotografías de la escena del crimen o certificados oficiales de defunción.
Reuters investigó seis muertes en Caracas, dos en el vecino estado Miranda, ocho en la entidad occidental de Lara y cuatro en el estado Guárico, en el centro del país.
Esta historia narra cinco de esas muertes y un gráfico adjunto detalla otras seis. En esos 11 casos y los otros nueve revisados por Reuters, la evidencia sugiere que los oficiales del grupo FAES:
•Golpearon o torturaron a personas antes de su muerte.
•Prepararon o modificaron el sitio donde ocurrió el incidente, a menudo para simular que las personas abatidas agredieron antes a los policías.
•Saquearon las casas involucradas en esos sucesos o tomaron objetos de propiedad de las personas fallecidas.
En todos los casos, los certificados de defunción muestran que las víctimas recibieron disparos letales en el torso, lesiones que médicos, trabajadores de la morgue y policías activos y retirados dijeron a Reuters que son más consistentes con ejecuciones que con intensos tiroteos.
Las heridas son “precisas y en el mismo lugar”, dijo el director de una unidad de trauma de un hospital al que han llevado a muchas personas involucradas en enfrentamientos con el grupo FAES. El médico, como muchos otros consultados para esta historia, pidió no ser identificado.
Forenses extranjeros consultados por Reuters también mostraron su inquietud por los detalles y la documentación en torno a las muertes, en particular fotografías de las heridas de bala en 10 de los cuerpos de las víctimas.
Derrick Pounder, un patólogo forense de Cardiff, Gales, que ha investigado torturas y asesinatos extrajudiciales para grupos como Naciones Unidas y Amnistía Internacional, dijo: “El número de heridas de bala en la línea media de la parte inferior del pecho y la parte superior del abdomen es preocupante, dado que las muertes se dice que ocurrieron en el contexto dinámico de tiroteos”.
Personas familiarizadas con los métodos del escuadrón FAES dicen que esa fuerza se basa en una red nacional de informantes del vecindario, a menudo leales al partido gobernante, para seleccionar objetivos y planificar operaciones.
Con frecuencia persigue a hombres pobres y jóvenes con antecedentes penales menores -posesión de marihuana y el robo son dos antecedentes mencionados en esta historia- o pequeños alborotadores que molestan a líderes locales.
Posteriormente, el grupo FAES emite declaraciones que afirman haber eliminado a personas “antisociales” o “altamente peligrosas”.
“La misma comunidad sabe quién es el que roba, sabe quién es el que vende droga, sabe quién es el que extorsiona”, dijo María Silva, líder estatal en Lara del Movimiento Revolucionario Tupamaro, una organización militante de izquierda que respalda a Maduro y proporciona inteligencia local a las autoridades. “Y al identificarlos, se neutralizan”.
El gobierno de Venezuela no publica cifras oficiales de muertes a manos del grupo FAES. Los datos internos del gobierno revisados por Reuters muestran que 5.280 personas perdieron la vida ante toda la policía del país después de oponer “resistencia a la autoridad” el año pasado, un aumento del 160% desde 2016, año anterior a la creación del escuadrón.
Otros datos muestran cifras más elevadas. El Observatorio Venezolano de Violencia, una organización no gubernamental con sede en Caracas que tiene enlaces con universidades de todo el país, contó 7.523 decesos bajo esas circunstancias el año pasado.
El grupo FAES enfrenta poco escrutinio externo. Decenas de testigos, así como oficiales de policía activos y retirados, dijeron a Reuters que investigadores forenses aliados con el FAES a menudo aprobaron los informes de muertes de la fuerza, sin análisis completos, y respaldaron sus afirmaciones de que los agentes actuaron en defensa propia.
En cada caso revisado por Reuters, miembros de la familia de una víctima dijeron que la única documentación proporcionada por las autoridades fue un certificado de defunción y un breve informe que alegaba que su pariente había muerto por “resistencia a la autoridad”.
“Los documentos no pueden ser tomados al pie de la letra”, dijo Nizam Peerwani, forense jefe del condado de Tarrant, Texas, y asesor de Physicians for Human Rights, un grupo con el que ha trabajado en zonas de conflicto como Ruanda, Bosnia, Afganistán e Irak. “Sin reportes de autopsia, informes médicos, rayos X, fotos de heridas internas y otras documentaciones no hay forma de corroborar lo que están diciendo”.
Grupos de derechos humanos y familias de los fallecidos han pedido que se investigue a la fuerza especial. Pero hasta ahora solo un puñado de casos judiciales, todos no concluyentes, han investigado las acusaciones contra los oficiales de FAES.
Un detective de homicidios, que no forma parte de FAES pero está implicado en su trabajo, dijo a Reuters que el grupo es en gran medida intocable. Los archivos de casos relacionados con la violencia de la fuerza especial, como las personas sometidas a ella, “están durmiendo el sueño eterno”, afirmó.
UNA HISTORIA DE VIOLENCIA
La criminalidad ha ido creciendo en Venezuela desde que Hugo Chávez, el predecesor y mentor de Maduro, se convirtió en presidente en 1999. Los altos precios del petróleo avivaron el crecimiento económico durante gran parte de la década siguiente, pero los cambios impuestos por Chávez permitieron un aumento de la violencia, dicen los críticos.
Para impulsar su “revolución socialista”, Chávez colocó en tribunales y cargos policiales a aliados que politizaron el poder judicial y la aplicación de la ley. El resultado, dicen expolicías, fue una pérdida de profesionalismo. Muchos crímenes no fueron investigados. Los infractores de la ley se envalentonaron.
Para cuando Chávez murió en 2013, la tasa de homicidios se había cuadruplicado, hasta convertirse en una de las más altas del planeta: casi 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de Violencia, o casi 20 veces la cifra registrada en Estados Unidos en aquel momento.
Los precios del petróleo se desplomaron al año siguiente. La economía de Venezuela colapsó y el crimen se disparó aún más.
Maduro, un exchofer de bus y líder sindical, ansioso por reafirmar su control, declaró como una prioridad la lucha contra el crimen.
“¡Frenemos la violencia!”, dijo durante actos políticos. Ordenó a las fuerzas de seguridad, incluido el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), eliminar la delincuencia en barrios pobres.
El CICPC, otrora la principal unidad de lucha contra el crimen del país, pronto empezó a recibir críticas.
Como presagio de la violencia que luego acompañaría a las redadas del grupo FAES, el CICPC fue señalado por activistas de derechos humanos y las Naciones Unidas por el uso excesivo de la fuerza.
Pero nunca fue tan activo como se volvería el escuadrón FAES. De hecho, el CICPC ni siquiera era del todo leal, ya que incluía a algunos oficiales veteranos que se oponían al gobierno de Maduro.
En junio del 2017, en medio de violentas protestas contra Maduro, un oficial del CICPC llamado Óscar Pérez se apoderó de un helicóptero policial y disparó granadas contra edificios del gobierno. Pérez sobrevivió al episodio y se escondió.
Al mes siguiente, el gobierno anunció la conformación del grupo FAES en una ceremonia en Caracas. La fuerza especial -elegida a dedo por oficiales que respaldan al gobierno-, combatiría “bandas terroristas alentadas por la derecha criminal”, según Maduro. Los opositores, agregó, habían convertido a Venezuela en “un escenario de guerra”.
El grupo FAES empezó a perseguir pronto al integrante del CICPC. En enero del 2018, los oficiales de la fuerza especial encontraron a Pérez y lo mataron.
Después de eso, oficiales activos y retirados del CICPC y la Policía Nacional dijeron a Reuters que el organismo se convirtió en poco más que un equipo forense, principalmente al servicio del grupo FAES. Funcionarios del CICPC no respondieron las llamadas para recabar comentarios.
El escuadrón FAES comenzó con unos 640 oficiales, pero luego más que duplicó su número de efectivos. Algunos son seleccionados de los recintos existentes, otros proceden directamente de las academias de policía. Los reclutas también provienen de “colectivos”, o grupos paramilitares progubernamentales conocidos por acosar a opositores políticos.
El rápido crecimiento, su agresivo mandato y su entrenamiento irregular son una mezcla peligrosa, dicen los críticos. “Los tiran a la calle para trabajar, sin los conocimientos básicos, y muchas veces caen personas inocentes”, dijo William Tovar, jefe de la principal asociación de jubilados de la Policía Nacional.
Los miembros de la fuerza también se han ganado una reputación por saquear.
Al igual que todos los funcionarios públicos en Venezuela, los oficiales de FAES ganan salarios minúsculos, equivalentes en la actualidad a alrededor de 12 dólares al mes, incluidos 6 dólares en bonos de alimentación, que se ven continuamente erosionados por la hiperinflación. Una familia en el estado Lara mostró a Reuters una lista de 20 objetos que dijeron que los agentes robaron después de matar a su hijo, incluido un módem, un aire acondicionado y seis rollos de papel higiénico.
En su declaración sobre la muerte ocurrida en abril, el grupo FAES no mencionó la entrada a la casa de la víctima y dijo que disparó al hombre en un jardín después de que abrió fuego contra los oficiales.
Un alto comandante de la fuerza FAES dijo que el grupo busca trabajar de manera responsable. Pero señaló que, a veces, algunos oficiales van demasiado lejos a título individual. “No hay santos”, dijo el comandante.
“SON CRIMINALES”
José Arévalo creció en Kennedy, la barriada donde los agentes del grupo FAES le dispararon. A mediados de esta década, estuvo tres años en prisión por robo, según un documento judicial. Su familia no discute esa condena. “Cuando cometió su error, él lo asumió, y pagó”, dijo Pérez, su madre.
Tras su liberación en 2017, trabajó brevemente en Colombia, pero regresó el año pasado y comenzó a desempeñar labores en el comercio de oro de un tío. Los vecinos dijeron que era popular y de buen corazón, ayudaba a las personas mayores a cargar bombonas de gas en el barrio. Pero algunos de sus amigos todavía tenían vínculos criminales, dijo su familia.
En diciembre pasado, Arévalo posó para una foto con dos de ellos en una azotea. En su regazo había una pistola. Le dijo a su familia que el arma no era suya. Días después, su madre dijo a Reuters que la familia recibió una advertencia de una persona anónima: Arévalo debía tener cuidado con quién se juntaba.
La mañana de su muerte, los oficiales del grupo FAES tiraron abajo la puerta y arrastraron a Arévalo desnudo desde el dormitorio, dijo su novia. Le ordenaron a ella que les diera la ropa de su novio y luego obligaron a todos, menos a Arévalo, a salir de la casa.
En el video, un oficial le dice a Arévalo -quien vestía solo pantalones cortos- que estaban buscando a un ladrón de autos. Le comentó que la descripción del ladrón no coincidía con Arévalo, pero quería información. “Quédate quieto que no te vamos a hacer nada”, le dijo el oficial.
El policía le ordenó ponerse la camisa. El joven les dijo de nuevo que no sabía nada del robo. El video termina abruptamente.
Peerwani, el asesor forense de Texas, dijo a Reuters que la ropa puede ser usada para ocultar humo, pólvora y otras evidencias balísticas que indican un disparo a corta distancia. “No hay pruebas, pero hay una conclusión deductiva”, señaló. “¿Por qué les obligaría un oficial de seguridad a ponerse una camisa para dispararles después?”.
La novia dijo que llevaba fuera unos cinco minutos cuando sonaron los disparos. Al día siguiente, el grupo FAES publicó su declaración, diciendo que había matado a Arévalo y a los otros cuatro porque mantenían “azotado” a Kennedy. Reuters no pudo determinar en qué circunstancias murieron los demás.
Junto a su declaración, el escuadrón FAES publicó la foto de Arévalo con la pistola. Dijo que los oficiales le dispararon en una parte del barrio que está a medio kilómetro de distancia de la casa. “Neutralizado”, escribió en letras rojas sobre la cara de Arévalo.
Dos semanas después de la redada en Kennedy, Juan Guaidó, líder de la oposición y jefe de la Asamblea Nacional, se declaró legítimo presidente de Venezuela. Su intento de sacar a Maduro del poder, que hasta ahora ha fracasado, convulsionó al país. En el estado Lara, un hervidero de la oposición, estallaron protestas.
El 25 de enero, una docena de vehículos del grupo FAES salió de Barquisimeto, la capital del estado, donde el gobierno había desplegado el año pasado a cientos de oficiales de la fuerza. El convoy se dirigió a El Tocuyo, un pueblo donde los manifestantes habían quemado neumáticos cerca de la residencia de la alcaldesa, una partidaria de Maduro. Las autoridades locales dijeron que los opositores intentaron incendiar la casa.
A media tarde, nueve testigos dijeron que unos 30 oficiales de FAES allanaron la casa de Judith Cortez. Desempleada y con un esposo discapacitado, Cortez vivía con sus hijos, Anderson Torres, de 18 años, y Jose Alfredo Torres, de 27. El mayor había sido arrestado por posesión de marihuana hace unos años, dijo la madre, y el menor pasó una noche en prisión en 2017 por haberse unido a una multitud que saqueó comida en un mercado.
Mientras Anderson estaba afuera, sentado en una caja de cerveza dibujando, los oficiales del FAES derribaron la reja, dijo Cortez a Reuters. La sacaron de la casa, la llevaron a dos kilómetros de distancia y la dejaron junto a un puente.
Los agentes agarraron a Anderson, Jose Alfredo y Cristian Ramos, un amigo y vecino de 18 años, según un testigo que permaneció cerca de la vivienda. Obligaron a los hombres a arrodillarse detrás de un cobertizo y ponerse las camisas sobre la cabeza, dijo el testigo.
Un oficial, agregó el testigo, los golpeó por cerca de una hora con un tubo de metal. “Ustedes son criminales”, gritó el oficial, según dijo el testigo. Luego, otro agente sacó su pistola y disparó a los tres. Los certificados de defunción y las fotos de sus cuerpos revisados ??por Reuters confirman que las heridas de bala en el torso fueron la causa de la muerte de cada uno.
Después de los disparos, según la familia y los vecinos, los oficiales se quedaron en la casa hasta la noche. Realizaron decenas de disparos adicionales con varias armas, marcando un árbol y una pared exterior de la casa. Se rieron y comieron alimentos del refrigerador de Cortez, dijeron estas personas.
Un oficial caminó a la casa de Ramos alrededor de las 7 de la tarde y le pidió a la madre de Cristian, Lucía Escalona, ??un vaso de agua. “¿Señora, esta agua no tiene veneno?”, preguntó el oficial, dijo Escalona a Reuters.
“Yo no entiendo por qué me asesinaron a mi hijo”, agregó.
En un comunicado, el CICPC dijo que la policía mató a los tres hombres porque habían disparado contra los oficiales. Kleyder Ferreiro, secretario de seguridad del estado Lara, dijo a periodistas que los fallecidos formaban parte de una “banda de delincuencia organizada” y habían estado involucrados en la quema de neumáticos.
Los familiares de los tres hombres negaron las acusaciones. Ferreiro ya no está con el gobierno estatal y se negó a hablar sobre el hecho con Reuters. Gisela Rodríguez, la alcaldesa cuya casa había sido blanco de las protestas, no respondió a llamadas o mensajes en busca de sus comentarios.
Tras las muertes, las protestas disminuyeron en El Tocuyo. “Es como si toda la ciudad muriera”, dijo Omar Escalona, ??tío de Ramos.
A fines de julio, circuló en las redes sociales un video que mostraba a una decena de jóvenes no identificados disparando armas al aire en Altagracia de Orituco, una ciudad de 50.000 habitantes en el estado Guárico. El video, en el que aparecen supuestamente miembros de una banda de narcotraficantes conocida como el “Tren del Llano”, fue ampliamente considerado como un desafío por parte de la banda a las autoridades.
Reuters no pudo determinar quién fue el autor del video.
El 2 de agosto, el grupo FAES publicó un video en Instagram de oficiales fuertemente armados patrullando la ciudad, en el que decía que el escuadrón había lanzado una misión para llevar “paz, tranquilidad y seguridad” a la zona.
Durante los ocho días siguientes, el grupo FAES dijo que mató a 18 presuntos delincuentes que se resistieron al arresto.
Un oficial del CICPC, que vio las escenas de crimen y está familiarizado con El Tren del Llano, dijo que no creía que los asesinados tuvieran algo que ver con la banda. Los oficiales de la fuerza -agregó- retiraron los cuerpos antes de que otros colegas del CICPC y él llegaran. La operación, que sorprendió incluso a la policía local, fue un “show mediático” del grupo FAES, señaló el oficial a Reuters.
Las familias de tres de los asesinados, junto con otros testigos, dijeron a Reuters que los agentes de grupo FAES eligieron a sus objetivos en la calle, sin mediar provocación, y luego los mataron a varios kilómetros de distancia.
Los familiares negaron que los tres hombres fueran miembros de la banda. Reuters no pudo confirmar de forma independiente si realmente tenían alguna conexión con el grupo o por qué acabaron convirtiéndose en objetivo de la policía.
Uno de los tres hombres era Jor-Rafer Nares, de 25 años, un mecánico que reparaba camiones usados para las fincas cercanas que transportan sus cosechas. Nares caminaba por el pequeño pueblo de San Rafael, al sur de Altagracia, el 5 de agosto alrededor de las 6 de la tarde. Según su madre, que estaba cerca, y otro testigo, una camioneta negra del grupo FAES se acercó y los efectivos le ordenaron que entrara. La madre y el testigo pidieron permanecer en el anonimato.
Varias horas después, dijo la madre de Nares, fue a una estación de policía local para preguntar por el paradero de su hijo. Un oficial le dijo: “La sede del FAES aquí es la morgue”. Le sugirió que fuera para allá a averiguar.
Allí, dijo la madre, encontró el cuerpo.
Vio dos heridas de bala en el pecho de su hijo, otra en la cabeza, y contusiones profundas en costillas y brazos. Faltaban sus llaves, tarjeta de débito y unos dólares que llevaba, indicó. La herida en la cabeza es visible en una foto tomada en la morgue y revisada por Reuters, el oficial del CICPC y un médico.
Una declaración de la fuerza FAES al día siguiente señaló que los oficiales balearon a Nares después de que él disparó contra ellos en una zona rural a 6 kilómetros al norte de donde la policía supuestamente se le acercó. El sitio descrito en el comunicado es el área donde se filmó el video del Tren del Llano.
Junto al comunicado, el grupo FAES incluyó una foto de una mancha de sangre y una escopeta en el suelo. Sin embargo, al arma le faltaba un gatillo. El oficial del CICPC y otro policía dijeron a Reuters que el arma no habría podido ser disparada.
Un certificado de defunción revisado por Reuters señaló que Nares murió a las 9 de la noche, tres horas después de que los testigos dijeron que subió al vehículo del grupo FAES. El certificado enumera los disparos en su tórax, pero no la herida de bala en su cabeza.
Israel Nares, su padre, no vio a su hijo el día de su muerte. Al igual que muchos otros familiares de los fallecidos, cree que falta una rendición de cuentas en torno al FAES y sus operaciones.
“Hay un silencio institucional y cómplice aquí”, dijo.
Reuters.
