La ONG Espacio Público analizó la Ley contra el Fascismo, neofascismo y expresiones similares, que aprobó la Asamblea Nacional de mayoría chavista en primera discusión el pasado 2 de abril.
Entre sus conclusiones destacan que al igual que otras como la Ley contra el odio y la de Delincuencia Organizada, este instrumento legal busca silenciar las voces críticas al gobierno de Nicolás Maduro, que presentó el instrumento legal hace dos semanas.
«La ley contra el fascismo restringe el ejercicio de la libertad de expresión, al imponer obligaciones a los prestadores de servicios de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, entre ellos el deber de ‘garantizar espacios libres de mensajes fascistas o similares’”, dijeron este lunes 15 de abril.
Alertaron que esto le permitirá a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) una «actuación discrecional», entre las que mencionaron «multas desproporcionadas» y revocatoria de concesiones a los medios privados.
«Además, aumenta las facultades del Estado para dictar sanciones de hasta 12 años de prisión para quienes promuevan acciones violentas o hagan apología del fascismo», explicaron en su sitio web.
Alertas de ONG y universidades
Organizaciones como el Colegio Nacional de Periodistas, el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, así como el consejo universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) alertaron con anterioridad los efectos que tendría la sanción de la ley contra el fascismo.
Espacio Público recuerda que al presentarse ante el seno del Parlamento se incumplió el reglamento de Interior y Debates, porque no hubo una discusión previa artículo por artículo del proyecto legal.
Entre otras medidas, dijeron que «este proyecto limita severamente el derecho a asociación al otorgar al Estado amplias discrecionalidades para prohibir la constitución de organizaciones sociales y políticas que supuestamente promuevan o hagan apología del fascismo».
También aseguraron que controla la participación política al imponer sanciones contra quienes se considere promueven ideas fascistas.
«El proyecto de ley antifascista se presenta como una continuación de la ley contra el odio. Ambas normativas emplean conceptos vagos y definiciones imprecisas que permiten sanciones administrativas y penales desproporcionadas, dejando amplio margen a la discrecionalidad estatal», expresó la ONG.
Como antes pidieron el CNP, Ipys Venezuela y la UCV llaman a que no se apruebe.
«Si esta ley se aprueba, aumentaría la persecución y con ello las violaciones a los derechos humanos, lo que, incluso, podría constituir crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, la Asamblea Nacional debería abstenerse de sancionar esta ley y trabajar en la efectiva reconstrucción del Estado Democrático y de Derecho en el país».
