Si tras la primera votación fallida de investidura transcurren dos meses y ningún candidato ha logrado la confianza del Congreso, se convocarán nuevas elecciones. Las fechas más probables: 17, 24 y 31 de diciembre.
El resultado de las elecciones del 23-J abocan al país a un nuevo periodo de máxima inestabilidad con el horizonte muy probable de vuelta a las urnas. Sobre las mesa hay dos opciones que ya no dependen de los ciudadanos: el casi imposible gobierno del PP, ganador de los comicios, pero lejísimos de una mayoría absoluta que ni siquiera podría alcanzar con la ayuda de Vox y alguna fuerza regionalista muy minoritaria (CC y UPN); o el más probable, pero muy disruptivo, gobierno del PSOE, perdedor en las urnas, con una amalgama de partidos que incluye necesariamente a las formaciones que abogan por la disgregación del Estado. Con estos escenarios se abre ahora una etapa caótica de negociaciones cruzadas previsiblemente abocada al bloqueo y al fracaso, que sólo tendría como vía de escape un nuevo pronunciamiento de los españoles en pleno periodo navideño. Este es el camino incierto que tiene el país por delante.
NUEVO CONGRESO Y CALENDARIO
La primera fecha importante, marcada en el calendario, está a la vuelta de la esquina. Será el 17 de agosto cuando tengan que constituirse las nuevas Cortes, Congreso y Senado. En la Cámara Baja habrá menos formaciones políticas que en la pasada legislatura. Ahora serán 11 frente a las 18 de los últimos cuatro años. Desaparecen del Hemiciclo Ciudadanos, Teruel Existe, PRC, CUP y PdeCAT, en tanto que Más País y Compromís quedan bajo el paraguas de Sumar que sustituye al antiguo Unidas Podemos.
El bloque de la derecha -PP y Vox- suma 169 escaños, que con el apoyo de UPN y el más difícil de Coalición Canaria, podría llegar a 171. El bloque de la izquierda -PSOE y Sumar- sólo alcanza los 153 diputados pero puede tener el respaldo de ERC (7); EH Bildu (6); BNG (1) y PNV (5), lo que le permitiría imponerse al flanco derecho por un escaño (172). Es aquí donde juega un papel decisivo Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont, que con sus siete diputados tiene la llave de la investidura.
La constitución del nuevo Congreso adquiere una relevancia extraordinaria porque de los apoyos y vetos que se produzcan para elegir a los miembros de la Mesa de la Cámara, el órgano rector de la vida parlamentaria, se podrán empezar a deducir las futuras alianzas de gobernabilidad. Además, de la nueva Presidencia de la Cámara dependerá en gran medida el calendario de la política española, ese que puede desembocar en la celebración de nuevas elecciones.
Con los resultados del 23-J en la mano, hay muchas posibilidades de que la presidencia del Congreso recaiga de nuevo en un socialista pese a ser el PSOE el segundo partido de la Cámara. No así la del Senado, porque en la Cámara Alta el PP ha conseguido una clara mayoría absoluta.
EL REY ENTRA EN ESCENA
Tras la conformación de las Cortes entrará en escena el Jefe del Estado. Felipe VI tendrá que realizar, tal y como establece la Constitución, una ronda de consultas con los portavoces de los nuevos grupos parlamentarios y a resultas de dichos contactos proponer un candidato a la investidura. La ronda suele prolongarse día y medio.
Aunque la ley no lo precisa, el líder del partido político más votado -en este caso Alberto Núñez Feijóo– tiene prevalencia para ser el primero en intentar recabar la confianza del Congreso. Nunca ha sucedido que el líder de una fuerza perdedora optara en primer lugar. El caso más extraordinario se produjo en enero de 2016, cuando Mariano Rajoy, el más votado en los comicios de 2015, rechazó la propuesta del Rey y dio paso al intento fallido de Pedro Sánchez.
No hay un plazo tasado para que el monarca active su ronda con las fuerzas parlamentarias. Lo habitual es que, en ausencia de mayoría absoluta, al ganador de las elecciones se le conceda un pequeño margen para amarrar apoyos. Tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019, la ronda de consultas del Rey se llevó a cabo apenas cinco días después de la constitución del Congreso. Sin embargo, en los comicios anteriores, los del 28 de abril, la ronda se produjo dos semanas después de la conformación de las Cortes. Si Felipe VI optara por un plazo corto, Feijóo podría ser propuesto en torno al 25 de agosto.
El candidato a la investidura negocia entonces con la presidencia del Congreso, que es quien tiene la última palabra, la fecha para celebrar el debate. Tampoco aquí hay plazos preestablecidos. No obstante, habida cuenta del complejo escenario de posibles alianzas que han arrojado las urnas, la fijación de dicha fecha es clave porque marcará el comienzo de un proceso que puede desembocar el nuevos comicios.
EL INTENTO DE INVESTIDURA
El candidato propuesto por el Rey defiende en el Congreso de los Diputados su programa de Gobierno y solicita la confianza de la Cámara para formar gobierno. El debate se prolonga durante dos jornadas y al término de la segunda, los diputados votan. En esta primera votación, el aspirante necesita recabar la mayoría absoluta, es decir, 176 votos, para ser elegido presidente del Gobierno. Si no lo lograra, habría una segunda votación 48 horas después. En esta nueva oportunidad le bastaría con conseguir más votos a favor que en contra, es decir, mayoría simple.
Todo indica que Feijóo no alcanzará el listón de la mayoría absoluta. Para lograrlo necesitaría del apoyo de Vox, UPN, CC y el PNV, pero este último partido ya se ha declarado incompatible con cualquier fórmula que incluya a la formación de Santiago Abascal. En estas condiciones lo previsible es una primera votación fallida.
En la segunda oportunidad, el candidato popular sólo podría lograr más síes que noes si tanto Junts (7 escaños) como el PNV (5 escaños) decidieran abstenerse. Es una opción muy difícil pero Feijóo podría intentar negociarla. En ese escenario, podría obtener 171 votos a favor (PP, Vox, UPN, CC), frente a 167 en contra (PSOE, Sumar, ERC, Bildu y BNG) y 12 abstenciones (PNV y Junts).
Si como parece más probable esta segunda votación también fuera fallida, quedaría el camino despejado para que Pedro Sánchez intentara la investidura. El Rey debería convocar nueva ronda de contactos y al término de la misma proponerlo como aspirante a formar gobierno. El procedimiento sería idéntico al anterior. Sánchez podría contar con el apoyo de todo un abanico de partidos a diferente precio pero acabaría dependiendo de una abstención de los siete diputados de Puigdemont. Tras las elecciones de 2019, Junts votó en contra de la investidura de Pedro Sánchez y a lo largo de la legislatura ha protagonizado una oposición, a menudo frontal, a su Gobierno.
NUEVAS ELECCIONES EN PLENA NAVIDAD
La Constitución establece que tras la primera votación fallida de investidura empieza a correr un plazo de dos meses en el curso del cual si ningún candidato ha logrado ser investido, en aplicación del artículo 99 de la Carta Magna se disuelven automáticamente las Cámaras y se convocan nuevas elecciones que, en este caso, se celebrarían 47 días después y no 54 como sucede en la convocatoria ordinaria de comicios.
Este proceso y el juego de fechas que conlleva es ahora especialmente trascendente ya que si no se calculara milimétricamente la fecha de la primera votación de investidura -la que desencadena la posibilidad de una repetición electoral- podría darse el caso de que la campaña electoral invadiera las navidades e incluso, más problemático aún, que los españoles tuvieran que acudir a las urnas en plenas fiestas.
Así por ejemplo, si la primera votación fallida de investidura se produjera el jueves 31 de agosto, y en los dos meses siguientes ni Feijóo ni Sánchez lograran la confianza de la Cámara, la repetición de elecciones se llevaría a cabo el domingo 17 de diciembre. Si la primera votación fallida se produjera una semana más tarde, el jueves 7 de septiembre, y transcurrieran los dos meses sin que ningún candidato tuviera éxito, las urnas se abrirían el día de Nochebuena, 24 de diciembre. Si la votación fracasada aconteciera el 14 de septiembre, el proceso de repetición de comicios desembocaría en el 31 de diciembre, Nochevieja.
EL GOBIERNO DE PERDEDORES
En España nunca se ha dado el caso de que un candidato que ha perdido las elecciones, y cuya formación sea la segunda del Congreso, presida el Gobierno de España. Esta podría ser la primera si, como Sánchez anticipa, está dispuesto a conformar un nuevo Ejecutivo de coalición con Sumar pero aún más dependiente que el de la pasada legislatura, de las formaciones independentistas y de los abertzales.
Si así fuera, el precio de los apoyos de partidos como ERC o Bildu sería elevadísimo. Los republicanos catalanes, que han perdido muchos votos en las pasadas elecciones municipales y también en las generales, saben ya cuál es el coste de su colaboración con un Ejecutivo socialista. En una nueva etapa la factura a pasar a cambio de su apoyo sería enorme, máxime cuando su fuerza rival en Cataluña, Junts, no sólo resiste sino que, además, juega con la baza de ser decisiva, abstención mediante, para la investidura de Sánchez.
Un nuevo Gobierno de coalición PSOE-Sumar -segunda y cuarta fuerzas parlamentarias- sólo podría gestionar el país haciendo continuas concesiones al secesionismo catalán y vasco. Si Sánchez se resistiera a satisfacer sus demandas estos partidos podrían en cualquier momento retirarle el apoyo y poner así la legislatura al borde del abismo. ERC y Bildu se abstuvieron en la investidura de Sánchez tras las elecciones del 10-N y, después, los primeros mucho más que los segundos, no han dudado en poner en aprietos al Gobierno para arrancarle sus reclamaciones.
