La revelación, en julio de 2021, de que el sistema israelí de espionaje informático Pegasus había sido usado en una doble dirección —por algunos gobiernos y contra algunos gobiernos— desató un clima de sospecha e incertidumbre que se ha arrastrado hasta hoy, y que ha dejado en la ciudadanía la sospecha de que la verdad solo ha sido contada a medias.
Por El País
El Gobierno español ha anunciado este lunes que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron hackeados por el programa israelí que, en teoría, solo se vende a gobiernos y agencias oficiales. Pero el escándalo ha afectado a muchos otros países.
En el Reino Unido, los servicios de seguridad procedieron de inmediato a rastrear el móvil del primer ministro, Boris Johnson, de varios de sus ministros y de altos cargos del Ministerio de Exteriores. “No comentamos asuntos relativos a la seguridad nacional”, se limitó a explicar entonces un portavoz de Downing Street. Las informaciones conocidas hasta ahora proceden de las investigaciones realizadas por el llamado Proyecto Pegasus, impulsado por la organización Amnistía Internacional y un grupo de medios de comunicación —entre los que se encuentra EL PAÍS—, bajo el paraguas del consorcio de investigación Forbidden Stories. Todo fue verificado y difundido por el grupo de estudio del control de información y vigilancia de las redes Citizen Lab, de la canadiense Universidad de Toronto.
Los servicios de seguridad británicos no hallaron pruebas concluyentes de que el teléfono del primer ministro ni los de otros miembros importantes del Gobierno hubieran sufrido robos importantes de datos, y no pudieron señalar ningún dispositivo concreto infectado. Sí dieron al menos con cinco aparatos interceptados en el departamento de Exteriores, según informó la revista New Yorker.
El Gobierno francés también fue víctima, en 2019, de un espionaje masivo de sus teléfonos móviles, incluido uno de los del presidente, Emmanuel Macron, según reveló el diario Le Monde. El periódico participó en la investigación del Proyecto Pegasus. Tanto el móvil del presidente de la República como los de varios de sus ministros, según los datos revelados, habían sido interceptados. El cliente que había usado las herramientas de espionaje de la empresa NSO, la desarrolladora del spyware, contra personas francesas relevantes, había sido un servicio de seguridad de Marruecos, que el periódico no identificó. Las potenciales víctimas de Pegasus fueron decenas de periodistas, activistas de derechos humanos y políticos.
Ni en el caso británico ni en el francés hubo dimisiones, de los responsables de su servicio de seguridad, por lo que parecían más que evidentes fallos de control y prevención.
Un caso particular fue precisamente el del país de origen del servicio de seguridad que espió a Macron, Marruecos, según la investigación de Le Monde y Forbidden Stories. En la lista de teléfonos infectados que elaboró el consorcio de investigación figuraban no solo los números de periodistas, activistas y altas personalidades marroquíes críticas con el régimen, como el príncipe Moulay Hicham, primo hermano del rey —conocido como el príncipe rojo—, sino incluso el móvil del propio soberano, Mohamed VI. La reacción de Rabat fue negar haber adquirido el programa espía y anunciar la apertura de una investigación por parte de su Fiscalía, no sobre si ese software había sido utilizado por uno de sus servicios de seguridad, sino sobre “la publicación” de unas acusaciones que definió de entrada como “falsas”. El Gobierno marroquí intentó después llevar a los tribunales franceses a Forbidden Stories y los medios de comunicación que divulgaron la noticia. La Justicia gala ni siquiera admitió a trámite las demandas.
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