El asesor legal de la principal coalición opositora de Venezuela, Perkins Rocha, cumple este jueves seis meses de «injusta prisión», aseguró su esposa, María Costanza Cipriani.
A través de X, Cipriani reiteró la denuncia de «incomunicación y aislamiento» al que dice es sometido su esposo en el Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
«Ningún familiar ni su abogado han podido verlo, se le ha impedido ser evaluado por un médico para verificar su condición médica», alertó la esposa del asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Pese a esto, agregó Cipriani, «no han logrado acallar la verdad y fuerza» de Rocha, quien fue detenido el 27 de agosto de 2024, casi un mes después de que se celebraran las presidenciales, en las que la PUD denuncia fraude al considerar que su candidato, Edmundo González Urrutia -exiliado desde septiembre en España-, fue el ganador y no Nicolás Maduro, como proclamó el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El pasado septiembre, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Rocha, junto a los exdiputados Freddy Superlano y Biagio Pilieri -también detenidos-, con la divulgación que hizo la PUD del «85,18 %» de las actas electorales de las presidenciales, documentos que el oficialismo tilda de falsos.
Saab dijo entonces que estos opositores están siendo investigados porque «avalaron», «verificaron», «difundieron» y «divulgaron como real» la página web donde están las «actas» que la PUD recolectó a través de testigos y miembros de mesa en los comicios, y que el bloque señala como prueba del reclamado triunfo de González Urrutia.
Hasta la fecha, el CNE no ha publicado los resultados desglosados de las elecciones del 28 julio, como lo estableció en su propio cronograma, pese a los numerosos llamados de Gobiernos internacionales para esclarecer el cuestionado triunfo de Maduro.
Vente Venezuela computa 184 dirigentes opositores y activistas detenidos -gran parte colaboradores de la líder antichavista María Corina Machado y de González Urrutia-, a los que califica de «presos políticos», mientras que la Administración de Maduro y la Fiscalía niegan que hayan arrestados por razones políticas sino que, afirman, cometieron delitos.
EFE
