Nunca se construyó el muro de Trump, pero sí una pista de obstáculos continental. La Administración de Joe Biden mantiene sus esfuerzos por detener la crisis migratoria en la frontera sur, uno de los temas claves en su camino a la reelección en las presidenciales del próximo noviembre.
Además de las restricciones a las solicitudes de asilo anunciadas en junio y una mayor colaboración con México, que está deteniendo migrantes a niveles récord desde hace semanas, el Gobierno demócrata de Washington ha firmado un acuerdo con el recién electo presidente panameño, José Raúl Mulino. El acuerdo pretende detener los flujos migratorios a través de la selva del Darién, una ruta que solamente en 2023 emprendieron medio millón de migrantes. Aunque se desconoce la fecha exacta de inicio, a partir de las próximas semanas Estados Unidos comenzará a cubrir los costos de las deportaciones a sus respectivos países de las miles de personas que a diario atraviesan Centroamérica, algo que algunos dudan que pueda llevarse a cabo.
El pasado 1 de julio el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, firmaron el acuerdo que pone en marcha un “nuevo programa de asistencia extranjera” financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para hacer frente a la migración irregular. Esto hace parte del cumplimiento de los objetivos de la llamada Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, firmada en junio de 2022, que pretende “gestionar humanamente las fronteras en todo el continente americano”.
En un comunicado, el Gobierno estadounidense aseguró que el acuerdo incluye el apoyo a las operaciones de repatriación de migrantes desde Panamá, e insiste en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apoyará la formación y el desarrollo de capacidades para fortalecer e institucionalizar procesos de repatriación “seguros y humanos” en ese país. “La migración irregular es un desafío regional que requiere una respuesta regional”, dijo Mayorkas. “Estamos agradecidos por nuestra asociación con Panamá para gestionar los niveles históricos de migración en todo el hemisferio occidental”.
Por su parte, la oficina de José Raúl Mulino, quien visitó el Darién días antes de ocupar su cargo de presidente a inicios de julio, comunicó que este acuerdo “permitirá cerrar el paso de inmigrantes ilegales por el Darién, un tema que se convirtió en una grave crisis humanitaria”. Desde enero de este año se suman más de 195.000 los migrantes que han atravesado la selva, una de las vías más peligrosas para llegar a Estados Unidos, donde muchas personas terminan siendo víctimas de secuestros, robos, ataques de animales salvajes, accidentes, enfermedades y hasta la muerte.
Aunque los vuelos de repatriación no tienen fecha, Panamá ya ha comenzado sus esfuerzos por detener a los migrantes que llegan desde la frontera natural con Colombia. Recientemente, se supo que se han instalado barreras de alambre de púas a lo largo del Tapón del Darién, que presuntamente gestionaría el flujo migratorio y evitaría el crimen organizado en la zona. El Ministerio de Seguridad Pública panameño anunció que “la patrulla en el servicio nacional de fronteras ha comenzado a bloquear la mayoría de los pasos fronterizos” desde el 27 de junio. Las autoridades dijeron que los migrantes deberán presentar documentos de identificación ante un paso que permanecerá abierto.
Estados Unidos, sin embargo, se ha desmarcado y dicho que no están involucrados en las nuevas barreras de alambre de púa, que también resultan muy peligrosas para los migrantes, quienes, aun así, se siguen arriesgando a transitar la ruta por la selva centroamericana. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo a NBC News que “Estados Unidos no ha brindado apoyo al Gobierno de Panamá para erigir barreras en sus fronteras”, a pesar del acuerdo recién firmado para hacer frente a las oleadas de migrantes provenientes en mayor medida de países como Venezuela, Ecuador, Haití, Colombia y China.
El nuevo acuerdo entre los dos países ha creado escepticismo entre algunos que piensan que será casi imposible de implementar. Maureen Meyer, Vicepresidenta de Programas de la organización estadounidense de derechos humanos WOLA, dijo al medio alemán DW que no cree que ni siquiera un país poderoso como Estados Unidos pueda devolver a las muchas personas que cruzan el Darién, y que ese país solo puede repatriar entre 500 y 600 personas por vía aérea al día. “Sin una inversión masiva de fondos y el desarrollo de las infraestructuras necesarias, es difícil imaginar un impacto significativo del acuerdo. Los Gobiernos esperan que la amenaza de deportación disuada a muchos inmigrantes”, sostiene. “La historia nos muestra lo contrario: políticas enfocadas en la disuasión no tienen un impacto duradero en los flujos migratorios, pero sí impactan en la seguridad y el bienestar de las personas migrantes”.
El Gerente Senior para América Latina y el Caribe del Instituto de Política Migratoria en Washington, Diego Cháves, tiene el mismo criterio. También dijo a DW que “logística, social y políticamente, es una medida muy difícil de implementar”. No solo la infraestructura de un país como Panamá es limitada, dijo, sino que habría que tener en cuenta si los países de origen de los migrantes los aceptan de vuelta. “La capacidad del Gobierno panameño para crear una estrategia de repatriación efectiva es nula. Va a tomar mucho tiempo construir la infraestructura necesaria en un lugar como el Darién”, sostuvo. Chávez también insiste en que la afluencia de tantos migrantes en Ciudad de Panamá “podría generar una tensión” entre los panameños.
La migración, el gran tema sobre la mesa de Mulino y Biden
En el primer debate cara a cara con Donald Trump, Biden presumió de que un 40% menos de personas están llegando de manera ilegal a Estados Unidos desde que implementara su nueva política migratoria que restringe la tramitación de asilo diaria en la frontera sur. Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional declaró a NBC News que junio fue el mes con menos detenciones de migrantes desde la llegada de Biden a la Casa Blanca. Poco más de 84,000 migrantes arribaron al país el pasado mes, un 30% menos que en mayo, cuando el número de detenciones fue de poco más de 117,000. Asimismo, DHS aseguró que ha operado más de 120 vuelos internacionales de repatriación a más de 20 países. “La mayoría de todos los encuentros en la frontera suroeste durante los tres últimos ejercicios fiscales dieron lugar a una expulsión, devolución o traslado”, dijeron en un comunicado.
Como Biden, Mulino tiene sobre la mesa el fenómeno de la migración, un tema conflictivo que saben que conecta perfectamente con los votantes. En su discurso de investidura, el presidente panameño enfatizó que Panamá no será más un país de tránsito para los migrantes ilegales. “No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas. Ese dinero, producto de lucrar de la desdicha humana, es un dinero maldito”, dijo. “No permitiré complicidades locales. A nuestras fuerzas de seguridad les pido aplicar la ley como corresponde, con estricto respeto a los Derechos Humanos y apego a la defensa de los intereses de nuestra patria”.
