El ex congresista cubano-americano David Rivera presentó una petición a la corte federal del Distrito Sur de la Florida, con sede en Miami, para que se le permita viajar a Venezuela para recaudar evidencias en su caso, y reunirse con una persona a quien identificó como su abogado: el empresario chavista Raúl Gorrín.
En un documento de cinco páginas introducido el pasado viernes 23 de junio por su abogado Edward R. Shohat, Rivera solicitó que se le devolviera su pasaporte –actualmente confiscado por orden de la corte federal de Miami– para viajar a Venezuela y consultar con sus asesores legales, entre los cuales mencionó a Gorrín.
“El abogado venezolano Raúl Gorrín está licenciado para practicar el derecho en Venezuela, y desde 2017, ha sido y aún continúa siendo el abogado de Rivera en ese país, asesorándolo y asistiéndolo en conexión con la demanda contra PdvUSA”, indicó el documento presentado por el abogado Shohat.
Rivera fue arrestado en diciembre pasado bajo acusaciones de lavado de dinero y de no registrarse como agente extranjero, violando la llamada Ley FARA (Foreign Agents Registration Act), por haber actuado como cabildero no registrado a favor de Venezuela a través de su firma Interamerican Consulting.
En 2020, Rivera fue demandado por PdvUSA, una firma afiliada a Citgo, por un contrato de consultoría por US$50 millones que no cumplió. Según las indagaciones, Rivera recibió US$20 millones.
El ex congresista republicano ha dicho que es inocente y que PdvUSA aún le debe los restantes US$30 millones del contrato.
En el documento presentado a fines de la semana pasada, Rivera reconoce que Gorrín fue acusado criminalmente en la misma corte federal de Miami en 2018 (por su participación en un esquema de corrupción con Pdvsa que implicó a tres hijos de Cilia Flores y otros operadores). Sin embargo, argumentó que Gorrín “nunca ha sido arrestado o sentenciado en ese caso”.
En la petición, el ex congresista, que se encuentra en libertad bajo fianza pero sin derecho a viajar fuera de los Estados Unidos, argumentó que la inclusion de Gorrín como “potencial testigo” con el cual Rivera no puede tener contacto no sólo no tiene sustento sino que es una “seria violación al derecho de Rivera (garantizado por la sexta enmienda)” de escoger al consejero legal de su conveniencia.
Según el documento, Raúl Gorrín fue incluido por la Fiscalía de Miami en una lista de personas con quien Rivera no puede tener contacto directo, como una “Condición Especial” impuesta por la fiscalía para concederle la libertad bajo fianza al ex congresista mientras prosigue su juicio.
Pero Rivera dice que ese tipo de condiciones se establece si el testigo potencial, en este caso Gorrín, corre algún peligro por parte de Rivera.
“Sin evidencia de alguna razón articulable para creer que Rivera representa un riesgo de seguridad para Gorrín, no se le puede constitucionalmente aplicar (esta condición especial) para evitar su derecho de acceso garantizado por la Sexta Enmienda para escoger el consejero legal de su conveniencia”.
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