El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, un hijo suyo y su nuera serán juzgados en su país por la supuesta defraudación de unas ganancias de casi 4,5 millones de euros por negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA.
En un auto, al que tuvo acceso EFE este viernes, un juez de la Audiencia Nacional de España envía a juicio al exembajador, a su hijo Alejo y a la esposa de éste, Ana Caterina Varandas, por supuesto fraude fiscal sobre las ganancias obtenidas entre 2013 y 2014.
El magistrado decreta la apertura de juicio oral y les reclama que informen de sus bienes para garantizar posibles responsabilidades civiles.
La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años y medio de cárcel para el exembajador y ocho años y medio para su hijo y su nuera.
También reclama multas millonarias para Alejo Morodo (3,7 millones de euros) y para su mujer (3,8 millones) y algo menos cuantiosa para Raúl Morodo (378.700 euros), que se encuentran en libertad provisional con medidas como la obligación de dejar constancia de su domicilio.
La Abogacía del Estado, por su parte, pide dos años y ocho meses de prisión para Raúl Morodo por un delito contra la Hacienda Pública, una petición que eleva a 7 años y medio para su hijo y a 7 para su nuera.
La acusación popular ejercida por Manos Limpias, un sindicato próximo a la ultraderecha conocido en España por sus numerosas denuncias contra políticos, jueces y empresarios, entre otros, y que a su vez ha sido denunciado en varias ocasiones, solicita penas más elevadas al atribuir también delitos de organización criminal y blanqueo.
El juez investiga una supuesta defraudación a la Hacienda española del presunto cobro de unos 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo Morodo, mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera venezolana cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada.
La Fiscalía sólo acusa por los ejercicios de 2013 y 2014 al estar los anteriores prescritos y sostiene que el origen de los fondos que presuntamente ocultó a Hacienda reside en la relación contractual que contrajo con la empresa pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) hasta 2014, sirviéndose a las relaciones que su padre entabló con “altos cargos” de ese país en su época de embajador.
La actividad prestada para PDVSA, según la Fiscalía, le reportó más de 6,6 millones de euros, de los que considera que “en parte” se benefició Raúl Morodo.
