El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue declarado persona non grata por un grupo de venezolanos exiliados en Estados Unidos por sus “reiterativos” esfuerzos para respaldar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y tratar de que le suspendan las sanciones.
La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, dijo que es muy “penoso que existan gobernantes legítimos que buscan ayudar a un individuo como Nicolás Maduro, que no solo está usurpando el poder”, también enfrenta acusaciones de crímenes de lesa humanidad, de presunta corrupción y narcotráfico, al igual que miembros de su gabinete.
Petro estuvo recientemente en Estados Unidos donde sostuvo reuniones con congresistas, representantes de países miembros de la OEA y con el presidente estadounidense Joe Bien.
El gobernante colombiano y Biden se unieron este jueves en la Casa Blanca, lo que fue el primer encuentro bilateral de ambos.
Después de la reunión, Petro dijo a los periodistas con respecto a Venezuela que abogaba por “una desactivación paulatina y progresiva de sanciones, de tal manera que llegáramos a una meta que al final es que el pueblo decida libremente, sin sanciones, sin presiones, su propio destino”.
“Quienes apoyan al régimen de Maduro y buscan levantar las sanciones le están dando la espalda al pueblo venezolano que dentro y fuera del país es víctima de la tiranía”, dijo Veppex en un comunicado.
La organización lamentó que Petro no habló de los presos políticos venezolanos, ni de la “forma reiterativa como el régimen viola “ los derechos humanos y persigue “a quienes no están de acuerdo, ni apoyan a su revolución”.
En Bogotá, Colombia, se realizará el 25 de abril una Conferencia Internacional sobre Venezuela para buscar reiniciar el diálogo entre la oposición y el régimen de Maduro, con la asistencia de unos 15 países. Petro detalló que en la “balanza” están las elecciones de ese país y las sanciones.
Destacó un cronograma electoral venezolano con garantías, la entrada de Venezuela al sistema Interamericano de Derechos Humanos, una desactivación paulatina y progresiva de sanciones.
