Defensores de derechos humanos en Venezuela valoran que las acusaciones del oficialismo contra la Fiscalía de la Corte Penal Internacional son el preludio de la reanudación formal por parte de ese organismo de las investigaciones de presuntos crímenes de lesa humanidad en el país suramericano.
Este lunes, el gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado donde cuestionó la imparcialidad del despacho del fiscal jefe de la CPI, el británico Karim Khan, afirmando que mantenía “vínculos probados” con organizaciones no gubernamentales en el país.
Con un tono más enérgico, el Ejecutivo chavista detalló que introdujo ante la Corte un escrito para desmentir las “falacias de la agresión mediática y geopolítica” contra Venezuela. También reiteró su negación de que existan delitos contra la humanidad.
El texto del oficialismo se publica solo días después de que la Corte Penal Internacional abriera un formulario en línea para que las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela puedan compartir sus opiniones sobre si el organismo debe o no continuar la investigación.
Organizaciones civiles coincidieron en que se trata de una oportunidad “histórica” donde las víctimas de crímenes de lesa humanidad pueden presentar sus testimonios de manera confidencial a los jueces de la Corte Penal. Esa ventana cerrará el próximo domingo.
La asociación civil especializada en seguridad y defensa en Venezuela, Control Ciudadano, advierte que el comunicado “indica que el gobierno de Venezuela, ejercerá todas las acciones procesales, pero también políticas para intentar desacreditar” la investigación. Rocío San Miguel, su presidente, opina que esas valoraciones del oficialismo venezolano no ayudan a fortalecer el criterio de voluntad y capacidad de las autoridades de ejercer jurisdicción y conducir “procedimientos genuinos” dentro del país para juzgar crímenes de lesa humanidad, “como se había comprometido inicialmente el Estado venezolano”.
En noviembre de 2021, en una reunión con el presidente Maduro en Caracas, el fiscal Kahn anunció la apertura de investigaciones sobre la situación en Venezuela y firmó con el mandatario venezolano un acuerdo de entendimiento entre Venezuela y su despacho para “fomentar mecanismos que apoyen y promuevan procedimientos penales genuinos”.
San Miguel advierte que la CPI “tendrá que ejercer jurisdicción” sobre los casos sometidos a examen ante la “negación” de que estos ocurrieran por parte del Estado venezolano.
¿Se acabó el “romance”?
La cooperación positiva y proactiva que se palpaba en noviembre de 2021 entre el fiscal jefe de la CPI y el gobierno venezolano puede estar afectada a la luz del comunicado de la cancillería de Maduro, advierte Carlos Lusverti, abogado y profesor de derechos humanos en la Universidad Católica Andrés Bello.
“Parecería que el romance que tenían con la Fiscalía en noviembre de 2021 ha terminado o no está en un momento portentoso. No sabemos si esto es el preludio de un momento más tenso (del Estado venezolano) ante la Corte”, dijo a la Voz de América.
Lusverti, coordinador general de Amnistía Internacional Venezuela, recomienda esperar el pronunciamiento del fiscal general Tarek William Saab sobre el momento y espíritu de la investigación de la Corte Penal para saber si la relación podría tornarse “más hostil”.
El abogado apunta que el gobierno venezolano “está claramente tratando de evadir su responsabilidad” sobre la falta de avances ante la impunidad de los casos investigados. A su entender, el pronunciamiento de la cancillería termina siendo “claramente inapropiado”.
Todas las fuentes posibles
Liliana Ortega, defensora de derechos humanos y directora fundadora de una de las organizaciones especializadas en la materia de mayor trayectoria en el país, COFAVIC, considera que la Fiscalía de la CPI “debe procurar buscar todas las fuentes posibles que le lleven a concluir la investigación” sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.
“No puede solo valorar la información que recibe del Estado o solo la de las víctimas. Debe corroborar diversas fuentes para el establecimiento de la verdad y la justicia. Esto es práctica regular de cualquier organismo internacional y debería ser también así de los órganos nacionales”, estima Ortega, también abogada.
El artículo 42 del Estatuto de Roma establece la obligación de la Fiscalía de la CPI de “recibir todo tipo de información y corroborarla”, recuerda. Su artículo 54 establece que Khan debe “solicitar cooperación de los estados u organizaciones”, subrayó.
San Miguel y Lusverti, por su parte, coinciden en que es previsible que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorice la continuación de la investigación.
“Hace muy mal el gobierno venezolano con estos comunicados cuando debería enviar argumentos y documentos jurídicos para tener una discusión jurídica sobre si se cumplen o no los extremos de los tratados internacionales”, concluyó Lusverti.
