La organización Transparencia Venezuela, en su más reciente informe acerca del desarrollo y estructura de las economías ilícitas que operan en ese país durante las dos últimas décadas, describe cómo la ausencia de un sistema de justicia imparcial y transparente ha permitido que los ciudadanos hayan quedado al desamparo.
Por La Opinión
Sostiene la investigación que como resultado de círculo causal entre corrupción sistémica y redes criminales complejas, Venezuela ha sido escenario de una permanente destrucción institucional, con un sistema de justicia que, “por omisión no garantiza el estado de Derecho, no lleva a cabo procesos imparciales y transparentes”.
Por acción, la situación no ofrece un mayor amparo, pues el informe sostiene que en ese país hay instituciones parcializadas que obedecen a poderes económicos y políticos, lo que habría desatado la crisis que impide a la mayor parte de la ciudadanía acceder a recursos básicos para ejercer sus derechos.
Tras el análisis de los procesos bajo los cuales operan las estructuras criminales, la organización concluye que el sistema de justicia se ha llegado a convertir en instrumento de represión y cómplice de los grupos ilícitos y las redes corruptas.
De esta manera, señalan que la alianza de actores que sostienen las empresas criminales a gran escala, incluso trasnacional, sirve como punto de partida para el contrabando de oro, lavado de dinero, la trata de personas, la explotación laboral infantil, los trabajos forzados, los crímenes ambientales y narcotráfico.
Transparencia Venezuela, asegura que los sectores socioeconómicamente más vulnerables han sido los principales perjudicados.
La incredulidad que tiene el ciudadano ante el sistema de justicia, lo lleva a crear vínculos de lealtad y hasta admiración hacia los grupos ilícitos como ocurre con los líderes negativos que desde las cárceles tienen injerencia en las actividades regulares del “sistema”.
La indefensión en la que se encuentran los ciudadanos queda reflejada en la realidad que afrontan muchos mineros artesanales en el Arco Minero del Orinoco y pequeños recolectores de chatarra que operan tanto en el estado Bolívar como en otras entidades del país.
Ambos grupos realizan actividades que “se suponen” ilícitas, pero el producto de su esfuerzo es comprado por empresas donde el Estado es socio mayoritario (por lo menos formalmente).
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