Entre denuncias de golpes, maltratos y violaciones al debido proceso, un grupo de madres de personas detenidas en las protestas poselectorales en Venezuela considera casi “ofensivo” el adelanto de la Navidad que decretó el gobierno venezolano. Desde el centro de Caracas, donde se ubican las ya decoradas sedes principales de los poderes públicos, estas familias tocan las puertas de instancias como la Fiscalía General y el Tribunal Supremo clamando justicia y la libertad de sus hijos que, aseguran, reciben malos tratos.
Para las familias de los detenidos, la celebración temprana de estas festividades propias de diciembre es una dificultad más, que se suma a las complicaciones de una economía en crisis, en medio de la lucha para pedir protección a los derechos humanos y al debido proceso de sus seres queridos, todavía apresados más de dos meses después de los polémicos comicios presidenciales, en los que Nicolás Maduro fue anunciado ganador por el poder electoral sin mostrar resultados detallados por mesas y centros de votación, aunque la oposición ha publicado documentos sobre la votación según los cuales el ganador ha sido Edmundo González.
Yuleici Romero, madre de uno de los detenidos, dice que una Navidad prematura “es la burla más grande que le han podido hacer a todos los venezolanos”. Para ella, su mayor regalo sería tener de regreso a su hijo en casa. Insiste en que no pueden pasar una Navidad con sus seres queridos presos. Su hijo se encuentra ahora en el Centro Penitenciario de Tocorón, en el centro del país, donde afirma que presenta dolores de estómago porque no le dan agua potable.
Romero dice que es algo “inhumano”, y que “ni a un perro se le da agua así, o se le da ese tipo de comida”. Agrega que ya no quiere ver a su hijo a través de un vidrio, sino que lo necesita “sano, fuerte y libre”.
“¿Y ahora qué voy a hacer sin mi hijo en una Navidad?”, se pregunta angustiada Romero, quien asegura que, en lugar de llorar, ella y otras madres están en pie de lucha para que sus hijos salgan en libertad. Al igual que las otras madres y familiares, no se cansa de repetir que “no son ningunos delincuentes ni terroristas, son inocentes”.
Según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, hasta el 30 de septiembre había 1.767 personas detenidas tras las elecciones presidenciales, entre las cuales se encontraban 67 adolescentes de entre 14 y 17 años.
Dionexis García es hermana de un joven de 17 años que se encuentra en la lista de los detenidos. Dice que, aunque el silencio fue la primera opción, en una etapa en la que el miedo las llevó a evitar la denuncia y los medios, ahora sienten que alzar la voz es su mejor opción, y que, aunque el temor a las represalias las sigue acompañando, ahora siente que la vida de su hermano y de otros detenidos corre peligro: “Me dice que si lo condenan a 10 años él es capaz de suicidarse, porque él dice que no va a aguantar 10 años, porque él no es ningún delincuente”.
García se muestra preocupada. Dice que su hermano no está recibiendo apoyo psicológico y que su deterioro físico ya es evidente. Afirma que lo ve muy flaco y con un cuadro de depresión muy grande, porque no sabe qué va a pasar con él, y que no entiende cómo es posible la injusticia que está pasando.
El ánimo es de consternación entre madres, padres, hermanos y familiares, que insisten en que las condiciones de reclusión son precarias en los centros de detención, en especial en las cárceles comunes de alta peligrosidad como Tocuyito y Tocorón. La organización no gubernamental Una Ventana por la Libertad concluyó en un informe publicado en julio que existen graves condiciones de hacinamiento e insalubridad y que los familiares deben costear los gastos de los reclusos para cubrir sus necesidades en prisión.
Los familiares de los detenidos reclamaron en grupo por sus seres queridos ante la Fiscalía General de Venezuela y el Tribunal Supremo de Justicia, el 26 de septiembre y el 3 de octubre, respectivamente, sin recibir respuesta.
Varios de los testimonios de quienes han podido hablar con sus hijos coinciden en que les ponen la comida “en la vereda, en el medio, entre celda y celda”, y que “el que la agarra es el que come”.
Moraima Urbáez, cuyo hijo permanece tras las rejas, asegura que otro de los jóvenes detenidos le dijo a su madre que “la carne tenía como pelos, cosas, desperdicios, frijolitos sancochados o arvejas amarillas”, y que les dan “un vaso de agua al día”.
Mireya González, madre de otro detenido, afirma que su hijo está desnutrido y enfermo, que le están dando comida con gusanos y que no están recibiendo agua.
A esto también se suman denuncias de torturas, como las que hizo Mireya González, madre de Sandro Rodríguez. Dice que a su hijo “le metieron corriente y lo golpearon”. También que funcionarios de seguridad le habían pedido US$ 700 para liberarlo, pero que tras entregarlos se dio cuenta de que fue “un engaño”.
La organización no gubernamental Provea señaló en un reporte reciente que expertos independientes especializados en derechos humanos evaluaron la situación en Venezuela en los últimos dos meses tras las elecciones y determinaron que “hay evidencias de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, que impide el pleno disfrute de los derechos fundamentales y aumenta el riesgo para la vida de cualquiera que sea crítico con el Gobierno”.
Entre las situaciones observadas por los expertos se encuentran desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, homicidios, hostigamiento, despidos ilegales, persecución y detenciones arbitrarias, incluidos niños, niñas y adolescentes, así como personas mayores, con discapacidad, miembros de tribus indígenas, mujeres, personas LGBTIQ+. Reportan también al menos 21 muertes causadas por armas de fuego ejecutadas presuntamente por agentes no estatales que actuaban con el apoyo de las fuerzas de seguridad.
Más de 20 madres le confirmaron a CNN que no han tenido derecho a escoger abogados de confianza y que les han designado defensores pública sin consultar. Dicen que, en las audiencias, les han imputado delitos graves como terrorismo. Muchos de los parientes aseguran que los detenidos permanecen incomunicados y que otros reciben visitas esporádicamente. En muchos de los casos, los familiares cuentan que los jóvenes no participaron en las protestas, otros que ni siquiera votaron y que no estaban vinculados con actividades políticas.
La lista de denuncias es larga, pero la petición de fondo es clara, como la describe Moraima Urbáez: “Qué salgan en libertad plena. Descongestionen el sistema penitenciario, que eso está horrible. Los muchachos están intentando suicidarse”. Romero agrega que esa libertad significará la libertad de todas las familias que están en esa lucha.
CNN se comunicó con la Fiscalía General, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y el Ministerio de Comunicación de Venezuela para obtener mayor información sobre los detenidos y sobre los alegatos de los familiares sobre las condiciones de los presos, sin hasta ahora haber tenido respuesta. Tanto el fiscal general, Tarek William Saab, como el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, han insistido en que a todos los detenidos en el país se les respeta los derechos humanos y el debido proceso. Mientras, líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González piden su libertad plena y el respeto a sus derechos humanos.
