Los familiares de 35 opositores nicaragüenses que no fueron excarcelados junto a los 222 presos expulsados la semana pasada por el régimen de Daniel Ortega a Estados Unidos pidieron el martes su “liberación inmediata”.
Mediante un comunicado, los familiares denunciaron que los presos de Ortega están recluidos en seis centros penitenciarios “en condiciones degradantes” y donde son “objeto de torturas y maltrato”, se les niega atención médica y sufren amenazas y requisas violentas.
El 9 de febrero Ortega sacó de las cárceles a 222 opositores y los expulsó del país en un avión que Estados Unidos envió para su traslado. Entre ellos iban siete ex candidatos a la presidencia, empresarios, líderes estudiantiles y campesinos, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos.
Poco después, la dictadura sandinista despojó a los excarcelados de su ciudadanía nicaragüense. Analistas, expertos legales y grupos de derechos humanos lo describieron como una violación del derecho internacional sin precedentes, al menos en el Hemisferio Occidental.
Aunque celebraron esa excarcelación, los familiares de los 35 presos políticos pidieron “a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a los gobiernos amigos del pueblo de Nicaragua que nos apoyen en su liberación”.
Entre los que no fueron deportados figuran tres religiosos: el obispo católico Rolando Álvarez, quien según informó Ortega se negó a ser desterrado y fue remitido a la cárcel Modelo de Managua, y los sacerdotes Leonardo Urbina y Manuel Salvador García, condenados por supuestos delitos sexuales y agresión a una mujer, respectivamente.
Los parientes los 35 presos políticos dicen desconocer los motivos de su exclusión de la lista de liberados. Dos familiares, que se identificaron solamente como Luisa y Emilia por temor a represalias del gobierno, creen que hubo un “ensañamiento” en su contra.
De los 35 presos, 10 están encarcelados desde antes de las protestas que estallaron en abril de 2018, dijo otra familiar identificada como Lolita. Entre estos últimos citó el caso del ex militar Marvin Vargas, alias “el Cachorro”, un opositor a Ortega que lleva 12 años en prisión.
Nicaragua vive una grave crisis política desde la revuelta social de 2018 que fue reprimida por policías y paramilitares con un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos y más de 100.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
El abogado opositor José Urbina Lara está en una celda de máxima seguridad de la cárcel Modelo y no se le permite el ingreso de alimentos ni medicinas, mientras que Eliseo de Jesús Castro, preso desde 2019, “está postrado en un hospital y sin comunicación con la familia”, dijo otra de las denunciantes.
Consultada por The Associated Press, la activista opositora Ivannia Álvarez, miembro del Grupo de Apoyo a Familiares de Presas y Presos Políticos, consideró que el gobierno no liberó a todos los prisioneros porque “Ortega siempre se queda con algunos presos para seguir negociando”.
Álvarez confirmó que algunos de los 35 están condenados por delitos comunes como tráfico de armas y de drogas. Sin embargo, dijo que varios con sentencias similares sí fueron excarcelados el 9 de febrero.
Señaló que cuatro reos que estaban en la lista inicial no viajaron pues fueron rechazados por el Departamento de Estado, entre ellos Jaime Navarrete, quien había sido deportado de Estados Unidos en 2006, y Eliseo de Jesús Castro, cuyo estado de salud “es grave”. Sobre los otros dos dijo no tener información.
Mientras tanto, la canciller chilena Antonia Urrejola abogó por la liberación de los 35 opositores y expresó la preocupación de su gobierno por la condena de 26 años de cárcel impuesta al obispo Álvarez luego de que se negó a aceptar el destierro.
“Seguimos preocupadísimos porque siguen habiendo presos políticos en Nicaragua” y “muy preocupados por la situación de monseñor Álvarez”, quien fue condenado “en tiempo récord, sin derecho al debido proceso y sin acceso a sus abogados”, declaró Urrejola a una radioemisora chilena.
La canciller chilena a su vez indicó que le preocupa que a los 222 expulsados “se les haya quitado la nacionalidad y todos sus derechos civiles y políticos” y agregó que el gobierno de Gabriel Boric seguirá “monitoreando y manteniendo la voz fuerte que hemos mantenido” sobre la situación en Nicaragua.
