Un centenar de familiares de detenidos en el marco de protestas poselectorales en Venezuela pidieron este lunes ante la sede del Ministerio Público dar «celeridad» a la revisión de los casos prometida por el fiscal general, Tarek William Saab.
«¡Libertad!», «¡Boletas de excarcelación para todos!», «No tenemos miedo», gritaban los familiares, muchos de ellos tapando sus rostros con pañuelos blancos, mientras firmaban un documento que pide «celeridad en la revisión exhaustiva» de las causas abiertas por acusaciones, incluso, de «terrorismo».
Más de 2.400 personas, entre ellas 164 adolescentes, fueron arrestadas durante protestas contra la proclamación del presidente Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio, entre denuncias de fraude de la oposición.
Tres meses después, el fiscal Saab anunció «medidas de libertad» para 225 personas, con la promesa de nuevas revisiones.
La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de «presos políticos» en Venezuela, ha registrado solo 169 excarcelaciones. El Ministerio Público no ha dado nuevos balances.
«Yo lo que pido es que me le den la libertad (a mi hijo), porque ya a causa de esto he perdido muchas cosas, he perdido mi trabajo (…), he quedado sin nada y (él) es el sostén de mi familia», dice a la AFP Jennys Barrios, de 47 años.
Barrios, que fue despedida como secretaria de un hospital público tras el arresto de su hijo, cuenta que la detención ocurrió por acusaciones de haberle vendido neumáticos al equipo de campaña de la oposición liderada por María Corina Machado, en el estado Zulia (noroeste).
«Ya ellos no soportan protocolos, ellos no soportan una revisión para mañana ni para pasado, ellos necesitan salir de ahí», gritaba en un megáfono un padre.
Las familias, que protestan semanalmente, esperan que sus hijos estén en casa para Navidad.
Muchas rechazan vinculaciones políticas y denuncian torturas y malos tratos a los detenidos, así como advertencias de las autoridades de retrasos en el avance de los procesos judiciales si hablan públicamente de la situación de sus parientes.
«Lo que me dijeron ayer (domingo) fue que si yo decía algo, iba a afectar el proceso de mi hermano», declaró Mónica Sánchez, hermana de Carlos Valecillo, de 34 años, quien está en servicio médico tras intentar suicidarse en la prisión de Tocorón (estado Aragua, norte), según sus familiares, que no han podido verlo.
