El venezolano Feliciano Reyna recibirá esta jueves en Ginebra el premio Martin Ennals, uno de los máximos galardones en materia de derechos humanos, aunque en entrevista con EFE este activista con 30 años de experiencia en la atención a colectivos marginados lo considera un galardón colectivo.
“No veo cómo lo podría haber logrado sin la participación de todo un movimiento”, destaca el venezolano que en 1995, tras perder a su pareja a causa del sida, fundó Acción Solidaria, una ONG para la atención de los afectados por el virus VIH y el apoyo al colectivo LGBTIQ.
Reyna dice dedicar este premio, otorgado cada año por 10 destacadas ONG globales, “al movimiento de derechos humanos de Venezuela, principalmente a los jóvenes que entran en él, y al liderazgo de las mujeres, que consideramos esenciales para construir la institucionalidad democrática que necesita nuestro país”.
Acción Solidaria, recuerda el activista, comenzó con el objetivo de que seropositivos y enfermos de sida tuvieran acceso a tratamientos y a atención digna “que evitara la estigmatización” en un momento en el que el acceso a fármacos tales como los antirretrovirales sólo se brindaba en Europa, EEUU o Canadá.
Con el tiempo, la organización vio que otros colectivos, desde mujeres enfermas con cáncer de mama a personas con leucemia o hemofilia se enfrentaban a problemas similares, por lo que nació la Coalición de Organizaciones por los Derechos a la Salud y a la Vida (Codevida), que él también ayudó a fundar.
DETERIORO DESDE LA CRISIS DE 2014
Estas organizaciones de apoyo han tenido que enfrentar, subraya Reyna, el deterioro del sistema de salud que el país, sumido en sucesivas crisis políticas y económicas, ha vivido especialmente a partir de 2014.
“Nos fuimos convirtiendo en proveedores de servicios de todo tipo, desde tratamientos hasta atención emocional, por las carencias actuales del sistema de salud”, indica Reyna, quien señala que en el caso del VIH/sida parte de esa ayuda llega a través de organizaciones internacionales como ONUSIDA.
Esa organización de Naciones Unidas calcula en unas 98.000 las personas que viven con el virus VIH en Venezuela, una cifra menor que las 120.000 que contabilizaba con anterioridad, aunque Reyna subraya que todavía no hay estudios de seroprevalencia completos.
A consecuencia de la crisis, unos 10.000 de estos afectados salieron del país por no poder conseguir tratamientos antirretrovirales y, según el responsable de Acción Solidaria, ahora los reciben, con más o menos dificultad, en países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, México o España.
Sobre sus relaciones con las autoridades, Reyna, quien fundó su organización antes de la llegada del chavismo, subraya que se han alternado las etapas de colaboración positiva con otras de tensiones, especialmente en los últimos años.
“Al principio del Gobierno de Hugo Chávez, en los años 2000, los primeros ministros de Salud eran personas de mucha apertura, se podía conversar con ellos”, recuerda Reyna, quien también señala que en aquella época llegó a formar parte de la delegación del país en la asamblea general de la ONU para el VIH/sida.
DETENCIONES Y ALLANAMIENTOS
En los últimos años de crisis, la situación ha empeorado, con allanamiento de instalaciones detenciones de activistas ligadas a su movimiento, recuerda Reyna, que menciona la detención de cinco responsables de la organización Azul Positivo en 2021 (hoy en libertad) mientras trabajadores humanitarios siguen detenidos.
“Hemos tenido que aprender a nadar en estas aguas turbulentas, sabedores de que hay riesgo pero que al mismo tiempo tenemos una responsabilidad frente a la población, que incluye el escrutinio de las acciones del Estado”, asegura.
La situación, advirtió, podría empeorar mucho si prospera el actual proyecto de ley de regulación de las ONG, que ya ha pasado los primeros trámites en el Legislativo.
“Es una ley peligrosa, porque puede ser un camino sin retorno de cierre del espacio cívico”, asegura Reyna, quien cree que podría afectar a la labor de la suya y otras organizaciones humanitarias, “perjudicando a la sociedad en su conjunto”.
El premio es concedido por un jurado formado por miembros de diez reconocidas organizaciones de derechos humanos internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Organización Mundial Contra la Tortura o la Comisión Internacional de Juristas.
El prestigioso galardón lleva el nombre del que fuera secretario general de Amnistía Internacional entre 1968 y 1980, periodo en el que esta ONG con sede en Londres fue galardonada con el Nobel de la Paz.
