En lo que representa un duro golpe para el régimen de Nicolás Maduro y para el gobernante mismo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya determinó que tiene elementos suficientes para concluir que en Venezuela las «autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno» cometieron crímenes de lesa humanidad.
«Al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos», señaló la Fiscalía que convierte a Venezuela en el primer país latinoamericano investigado por crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía de la CPI apuntó como presuntos responsables de estros crímenes de lesa humanidad a miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)“.
Lo curioso de esta investigación, que se hizo pública este lunes en La Haya, es que el gobierno de Alberto Fernández -que en instancias como la OEA se niega a condenar a Maduro, pero que critica ante otras de la ONU- , avaló esta investigación que se inició en 2018 bajo la administración de Mauricio Macri.
Concretamente, este caso fue iniciado por la Fiscalía de la CPI en 2018, por la denuncia que hicieron Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, quienes remitieron el informe que hizo la OEA ese año sobre violaciones sistemáticas a los DDHH en Venezuela.
En octubre de 2019 incluso, el ex ministro de justicia, Germán Garavano, viajó a los tribunales de las Naciones Unidas que se levantan en La Haya (Países Bajos) para entrevistarse con los fiscales. Poco antes había enviado a la Corte una carpeta con los testimonios de 40 venezolanos que residían en la Argentina y que contaron los vejámenes de todo tipo que habían sufrido en su país del régimen venezolano, y que Clarín adelantó entonces en forma exclusiva. El Gobierno anterior abrió un registro para esas denuncias en la Secretaria de Derechos Humanos, que dejó de tener interés para la nueva administración.
Aunque Clarín consultó en Cancillería y Gobierno qué opinión tiene sobre lo dicho por el fiscal, a esta hora aún no hubo reacción. Se trata de un tema hiper sensible para la coalición de Fernández, donde los sectores más duros, en especial, aquellos ligados a Cristina Kirchner se niegan a condenar al régimen de Maduro. Sin embargo, en lo que hace a este informe en particular, en noviembre pasado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo avaló.
En la pregunta 661 que le hicieron, Cafiero enumeró los países que junto a la Argentina había remitido a la Fiscalía de la Corte, siguiendo el artículo 14 del Estatuto de Roma, el pedido para que «se investigue esa situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas». Lo que falta saber a esta hora, tras avalar la Casa Rosada esa investigación de 2018 en noviembre pasado, es si van convalidar también sus resultados. Recientemente, el Gobierno se negó a rechazar las elecciones legislativas de Maduro, que condenaron no sólo la mayoría de los países vecinos, sino también Europa. Pero fueron reconocidas por China, Rusia, Irán, Turquía, Cuba, Nicaragua, México y Bolivia, entre otros.
Venezuela ratificó en 2000 el Estatuto de Roma, que dio vida a la Corte, y entonces, eso la hace sujeto de ser investigada. El 8 de febrero, la actual fiscal, Fatou Bensouda, abrió el examen preliminar según las denuncias, y tras dos años de análisis, concluyó este lunes que hay elementos para investigar la «presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes».
Los países a los que se les han abierto investigaciones son Uganda, República Democrática del Congo, Sudán, República Centroafricana, Kenia, Libia, Costa de Marfil, Mali, Georgia, Burundi, Bangladesh, Myanmar y Afganistán.
