El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan ha desplegado este martes a un equipo de 42 investigadores, expertos forenses y personal de apoyo en Ucrania para avanzar en la búsqueda de pruebas de los presuntos crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos durante la invasión rusa.
Este número de expertos supone el “mayor despliegue sobre el terreno” realizado por la Oficina del Fiscal de la CPI desde su creación hace casi dos décadas, en parte gracias a la decisión del Gobierno neerlandés de poner a disposición de Khan a un “número significativo” de expertos y gendarmes nacionales para que sean enviados a Ucrania.
“Esta colaboración mejorará significativamente el impacto de nuestras acciones forenses y de investigación sobre el terreno. En términos reales, nos permitirá recopilar más testimonios, respaldar la identificación de materiales forenses y digitales relevantes y garantizar que la información y las pruebas se recopilen de una manera que fortalezca su admisibilidad en futuros procedimientos ante la CPI”, señaló Khan en un comunicado.
El grupo de 42 expertos tratará de acelerar las investigaciones independientes y permitirá ampliar la búsqueda de pistas y recopilar relatos testimoniales relevantes de “los ataques militares que pueden constituir crímenes según el Estatuto de Roma”, el tratado fundador de la CPI, señaló Khan.
Además, también mapearán, junto a las autoridades ucranianas, el trabajo existente de los investigadores nacionales de la escena del crimen, sobre todo para rastrear los flujos de trabajo y fortalecer la cadena de custodia con respecto a las pruebas sólidas.
Asimismo, este equipo colaborará con otro de expertos forenses franceses que ya se encuentran sobre el terreno en Ucrania con el objetivo de «garantizar la continuidad del trabajo» en lo que respecta a la identificación de restos, el análisis balístico y el almacenamiento y conservación de pruebas forenses.
Desde el pasado 7 de marzo, al menos 21 Estados miembros de la CPI han indicado su disposición de enviar a expertos nacionales para apoyar el trabajo de la oficina del fiscal, mientras que 20 países se han comprometido a proporcionar contribuciones financieras.
