El desempeño del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en la investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela no parece haberse visto afectado por el hecho de que su cuñada forma parte del bufete que defiende al Estado venezolano en esa causa, de acuerdo con expertos y promotores de la causa en esa instancia.
Por Voz de América
Hace una semana, el diario estadounidense The Washington Post reveló que Venkateswari Alagendra, una abogada del bufete contratado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para defenderlo por presuntos crímenes contra la humanidad en instancias internacionales, es hermana de la esposa del fiscal de la CPI, de origen británico.
Según la publicación, Alagendra nació en Malasia, estudió derecho en Londres, tiene una maestría en leyes y, así como la esposa de Khan, integra el Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional. Ha participado en procesos como parte de la defensa de Maduro.
La revelación parece haber dividido a las víctimas de potenciales crímenes de lesa humanidad y sus representantes legales en dos grupos, explicó a la Voz de América Adolfo Salgueiro, profesor jubilado de derecho internacional y activista de derechos humanos.
Hay quienes desean exigir mayor velocidad en la causa, incluso si ameritara recusar a Khan, mientras otros apuestan por seguir confiando en sus gestiones y que creen inconveniente tratar de apartarlo del caso, justo cuando corren versiones extraoficiales sobre su inminente solicitud de órdenes de comparecencia o aprehensión en Venezuela, precisó.
“Milito en el grupo que le pide que se apure en los términos más respetuosos hacia su independencia”, comentó Salgueiro, integrante del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), que ha reportado 1.500 incidencias de violaciones graves de los derechos humanos ante la Corte Penal Internacional.
A su juicio, no existen evidencias de que Khan se haya parcializado o haya fallado en sus responsabilidades en el caso Venezuela I. “Ha ganado las incidencias. No parece prudente solicitar su remoción. Es como nadar para morir en la orilla”, advirtió.
Sin señales que comprometan a Khan
Khan anunció en noviembre de 2021 la apertura de una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde abril de 2017. El gobierno de Maduro, así como el fiscal general Tarek William Saab, un exgobernador del chavismo, han denunciado como parcializadas y politizadas las actuaciones de Khan, a favor de sus opositores.
El lunes pasado, la oficina de Khan emitió un comunicado afirmando que la indagación está activa, sigue su curso y que Khan “no retrasará sus esfuerzos” para lograr la rendición de cuenta sobre esa situación.
Sin referirse a la polémica porque su cuñada sea parte de la defensa de Maduro, la fiscalía reivindicó su independencia e imparcialidad, así como sus éxitos al hacer valer su jurisdicción para la investigación. También, dijo que la composición del equipo legal venezolano “es un asunto de dominio público” y nunca fue objetado por ninguna de las partes.
Khan ha solicitado órdenes de aprehensión contra dos gobernantes de alto perfil este año: pidió en mayo una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de defensa, Joav Galant, por posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en sus acciones militares en la Franja de Gaza y naciones vecinas; también hizo lo propio contra el presidente ruso Vladimir Putin por su guerra contra Ucrania.
Putin acaba de desafiar este mes la orden de aprehensión en su contra, ya aprobada, viajando a Mongolia, país signatario del Estatuto de Roma, piedra legal fundacional de la Corte Penal Internacional. Especialistas interpretaron que ese periplo evidenciaba las debilidades de la justicia internacional.
De acuerdo con los registros de la fiscalía de la CPI, se han emitido 28 casos que han involucrado órdenes de arresto contra 28 funcionarios, esencialmente de África y naciones árabes. Esas acusaciones incluyen a Omar Al Bashir, solicitado desde 2010, aún «en libertad».
Los reportes sobre el involucramiento de la cuñada de Khan como parte del equipo legal del gobierno de Venezuela “sí lucen preocupantes”, aunque “no existen señales claras” de que haya influido en la investigación, de acuerdo con Mariano de Alba, abogado venezolano especializado en geopolítica, derecho internacional y diplomacia.
Se preguntó por qué el fiscal Khan no reveló en su momento que su cuñada se había sumado al equipo legal de la parte que él investiga, cuando el código de conducta de su oficina establece que sus miembros deben abstenerse de potenciales conflictos de interés.
“Es un mal precedente porque el fiscal y la fiscalía no actuaron con el máximo cuidado”, apuntó De Alba, quien, sin embargo, dijo haber notado que la oficina de Khan “defendió vehementemente” la continuidad de la investigación.
En cambio, De Alba atribuyó “la lentitud” de la investigación a la apelación que hizo Venezuela a la decisión de iniciar esa fase del caso y a “la estrategia” de Khan de convencer y ayudar a las autoridades a que adelanten investigaciones y juicios genuinos en el país suramericano.
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