El secuestro del ex preso político venezolano teniente (r) Ronald Ojeda Moreno, quien estaba refugiado en Chile y fue raptado la madrugada del miércoles 21 de febrero por cuatro hombres que llegaron a su vivienda en Santiago, ha generado una serie de hipótesis entre ellas la posibilidad de que se trate de una operación de agentes del régimen de Nicolás Maduro para extraerlo del territorio chileno y trasladarlo a Venezuela.
De llegar a confirmarse esta hipótesis, no sería el primer caso de un secuestro de un disidente venezolano en el extranjero para ser llevado a Venezuela y encarcelarlo. El caso del primer teniente Franklin Caldera Martínez, quien desertó de las Fuerzas Armadas el 13 de enero de 2019 y se fue a vivir a Colombia, es un antecedente claro de una operación de este tipo.
Caldera Martínez está detenido desde el 11 de febrero del año 2021. Su padre denunció que el joven militar fue secuestrado en territorio colombiano, en una operación ejecutada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) con apoyo de elementos del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Ese secuestro fue efectuado por funcionarios del gobierno venezolano, la DGCIM, junto a un grupo armado llamado ELN. Fue trasladado por trochas, llevado hasta territorio venezolano, donde fue embarcado en una aeronave y lo trasladaron a Caracas a un centro de torturas llamado La Cueva”, dijo su padre en una entrevista con Runrunes.
Desde entonces, Franklin Caldera Martínez ha estado recluido en diversos centros de detención y tortura del régimen chavista, incluidos la sede de la DGCIM en Boleita y la cárcel militar de Ramo Verde.
A Franklin Caldera Martínez se le acusa de ser uno de los integrantes del grupo de militares rebeldes que lideró la Operación Aurora, un alzamiento desarrollado en el fuerte Santa Elena el 22 de diciembre de 2019 en el municipio de Gran Sabana, estado Bolívar; y de estar involucrado en la denominada Operación Gedeón, una conspiración de un grupo de militares disidentes que estaban exiliados e intentaron “infiltrarse” en el país a través de las costas del estado Vargas en el año 2020.