Documentar, denunciar y difundir las distintas vulneraciones a los DDHH, es parte de lo que a diario realiza FundaRedes, por lo que durante el mes de diciembre de 2022, a través de su informe de Contexto Fronterizo, se conoció entre otros hechos que, un total de 19 mujeres se encuentran privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, y donde cuatro de ellas fueron condenadas con la pena máxima, equivalente a 30 años de prisión, detectándose con esto crímenes de lesa humanidad cometidos por parte del Estado tales como; detención arbitraria, encierro, irregularidades en los procesos penales, separación familiar, torturas físicas y psicológicas, abusos, entre otros.
La investigación que emite los distintos hechos violentos donde se ve involucrado el Estado y grupos armados irregulares, también determinó que presuntamente, fueron destruidos 61 laboratorios dedicados al procesamiento de cocaína y 118 pistas clandestinas destinadas a su distribución, lo que evidencia que las denuncias realizadas por FundaRedes indican la presencia de GAI en Venezuela con la permisividad y mirada silente del Estado.
La criminalidad continúa cobrando fuerza en estados fronterizos
El estado Bolívar, deja a Zulia en segundo lugar al encabezar la lista como el más violento durante el mes de diciembre, esto por los hechos notorios de violencia que mantienen en zozobra a la población, ocasionando la salida a las calles para manifestar su inconformidad contra las hostilidades militares.
De esta manera, en el informe de Contexto Fronterizo del mes de diciembre realizado por FundaRedes, también se detalló la preocupación ante la denuncia formulada por la ONG SOS Orinoco, al afirmar que el Estado empuja a los indígenas Pemones a participar en la minería ilegal, otorgándoles una pequeña ganancia económica.
Ante la continua ola de hostigamientos a los comerciantes de la zona fronteriza, en el estado Zulia se registraron al menos siete secuestros, ejecutados por bandas criminales con alto poder de fuego, y donde se presume que los criminales que perpetraron estos hechos son miembros de la banda liderada por alias “El Adriancito”, que opera en el corredor fronterizo de Venezuela, y lo que suma un conglomerado de afectaciones sufridas por los comerciantes.
La presencia de funcionarios militares hacia las minas del Parque Nacional Yapacana es uno de los hechos que cobró fuerza en el mes de diciembre en el estado Amazonas, ya que aparentemente se trató de una operación para atacar la minería ilegal, aunque la ocupación de sus territorios ancestrales y la degradación de los ecosistemas, es la acción que predomina en este estado.
Por su parte, la irrupción en la propiedad privada por parte de efectivos del CICPC sin orden de allanamiento a un fundo en el sector San Ramón de San Fernando de Apure, así como a un local comercial del sector días posteriores, evidencia el incumplimiento del debido proceso, junto a la mirada permisiva del Estado.
Sumado a los estados en estudio, Táchira sigue tomado por grupos armados irregulares, quienes se apoderaron de las llamadas trochas o pasos irregulares, que actualmente están bajo el mando del ELN y la megabanda “Tren de Aragua”, siendo estos los partícipes de hechos violentos como el sucedido en el mes de diciembre, donde resultó asesinada Sagrario Tovar que se dedicaba al traslado de personas por esta vía.
En constante zozobra viven los pobladores del estado Sucre, debido a que ganaderos padecen la pérdida casi absoluta de 10.000 reses, extorsión a pescadores, productores de coco, cacao y otros productos agrícolas, además que grupos delincuenciales exigen a comerciantes el pago de “vacuna” permanentemente, incluso las personas que venden un vehículo o inmueble deben entregar la mitad del dinero.
En Guárico el “Tren del Llano” sigue oprimiendo a los ciudadanos, con el incremento de actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y ajusticiamiento, lo que refleja que por más operativos de seguridad que se realicen, se deben tomar acciones para aminorar los hechos violentos que marcan la frontera y sus adyacencias.
Por todos estos hechos, FundaRedes repudia los sucesos acaecidos durante el mes de diciembre del pasado año reflejados en su investigación Informe de Contexto Fronterizo, lo que confirma una vez más las denuncias e incidencias realizadas con relación a la presencia, permanencia y actuación de los grupos armados irregulares en Venezuela, bajo la mirada silente del Estado venezolano.
