44 personas han perdido la vida en Venezuela desde 2019 en relación con la minería ilegal en los estados Amazonas y Bolívar, según un informe de la organización no gubernamental Fundaredes. Estos homicidios han sido cometidos tanto por grupos armados irregulares, incluyendo algunos de origen colombiano, como por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela.
Fundaredes ha registrado estos casos a través de denuncias recibidas y su labor de monitoreo. La ONG destaca que el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), una zona designada por el Gobierno para la explotación de recursos naturales, se ha convertido en una región de devastación ambiental y ha afectado especialmente a las comunidades indígenas. De hecho, 20 de las 44 víctimas de homicidios en los últimos 58 meses pertenecían a comunidades indígenas.
En estas áreas fronterizas con Colombia y Brasil, operan grupos como la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, miembros de la FANB y sindicatos armados. Además de los asesinatos, se cometen otros delitos como contrabando, trabajos forzados, narcotráfico, desapariciones forzadas, secuestro, extorsión, trata de personas, prostitución y extracción ilegal de minerales.
Fundaredes sobre las incursiones violentas de la FANB
El Gobierno ha llevado a cabo varias operaciones militares en la zona en los últimos cuatro años, consideradas por Fundaredes como “incursiones violentas”. La última operación, que concluyó el mes pasado, resultó en la expulsión de alrededor de 12.000 mineros ilegales.
La situación de la minería ilegal en Venezuela preocupa por las graves consecuencias ambientales y sociales que conlleva. Fundaredes sigue trabajando para documentar y denunciar estos hechos, buscando soluciones que protejan tanto a las comunidades indígenas como al medio ambiente. Es necesario que se tomen medidas más efectivas para combatir la minería ilegal y garantizar la seguridad de las personas que viven en estas zonas.
