El Observatorio de Ambiente proyecto EPA de FundaRedes denunció, en su más reciente informe, el grave riesgo en que se encuentran los parque nacionales en Venezuela como consecuencia de la permisividad e indiferencia del Estado venezolano, las actividades extractivistas e intereses económicos, además de la falta de consciencia ambiental de los ciudadanos.
La investigación afirma que muchos de los parques y monumentos naturales en el país vienen sufriendo un proceso de destrucción masiva que afecta la biodiversidad, los ecosistemas, la preservación de los afluentes hídricos y por consiguiente el derecho a la vida.
Para la Organización No Gubernamental el desmantelamiento de la institucionalidad en materia ambiental y el incumplimiento, con la complicidad del Estado, de las leyes ambientales y las normas que establecen los Planes de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) que existen para cada uno de los parques nacionales desde su creación, han contribuido a la devastación de las riquezas naturales en el país.
Las condiciones – señala el informe – en las que hoy se encuentran parques como el Henri Pittier, Sierra Nevada, Canaima, Yapacana, Morrocoy, Los Roques y el Waraira-Repano (El Ávila), dan muestra de los signos de la devastación que han dejado la anarquía y las políticas que mantiene el Estado de evadir sus obligaciones en materia ambiental, lo que ha traído como consecuencia graves y extensos daños al hábitat.
Asimismo, el Observatorio de Ambiente proyecto EPA de FundaRedes dejó en evidencia, una vez más, los daños irreversibles que han sufrido los parques y monumentos naturales en las regiones que conforman el Arco Minero del Orinoco (AMO) como consecuencia de la minería ilegal y las actuaciones perversas de las agrupaciones criminales, “vulnerando los derechos ambientales no solo de los venezolanos sino de toda la humanidad”.
El Estado venezolano- asegura la publicación- es responsable por acción u omisión de la destrucción de las áreas protegidas en el país pues ha permitido, en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales establecidas en materia ambiental, el desarrollo de prácticas ilegales en los parques nacionales y reservas naturales que van en detrimento de la biodiversidad y los ecosistemas, “vulnerando el derecho a contar con un ambiente sano y autosustentable de las próximas generaciones”.
