Aunque desde el pasado 30 de abril inició la segunda fase del operativo “Caiga quien caiga”, que esta vez investiga actos de corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), al cierre de esta nota no hay confirmación oficial de que Pedro Maldonado, presidente de CVG, es uno de los detenidos por orden de la Policía Anticorrupción.
Por Francesca Díaz / Correo del Caroní
El rumor del arresto de Maldonado y su vinculación con actos de malversación de fondos y corrupción se ha difundido desde el 21 del mes en curso; sin embargo, vía redes sociales de la corporación se desmintió la información.
A propósito de esta circunstancia, Correo del Caroní recopiló hechos y denuncias cubiertas por el medio que revelan características de la gestión de Maldonado. Trabajadores entrevistados afirmaron que no están sorprendidos de que se hayan descubierto irregularidades y exhortaron a las autoridades nacionales a escudriñar en las cifras de cada una de las empresas básicas.
Según los entrevistados y la información obtenida, la firma del memorándum 2792, el apagón que ocasionó la pérdida de más del 90% de las celdas de reducción en CVG Venalum, el acoso a las organizaciones sindicales y la desincorporación de trabajadores son los hechos más graves ocurridos bajo la presidencia de Maldonado en el ente regional.
Memorándum 2792: el inicio de la pulverización de los beneficios laborales
En octubre de 2018 se firmó el memorándum 2792, un documento promulgado por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, que alega “proteger” la fuente de trabajo por encima de los beneficios laborales.
El texto indica que las empresas pueden dejar de cumplir con responsabilidades establecidas en la contratación colectiva, si consideran que estas son demasiado “onerosas”.
En este sentido, la llegada de esta autorización para rebajar los beneficios de los trabajadores suscitó la pérdida del servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), el pago de vacaciones y prestaciones sociales, la entrega de equipos de seguridad, entre otras condiciones laborales.
Asimismo, el 2792 provocó la instauración de unas tablas salariales para el sector público que desmejoraron las condiciones de los obreros hasta 70%, dejándolos en condiciones de esclavitud, según sus testimonios.
En su momento, la movida fue catalogada como fraude laboral por los trabajadores, ya que la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) es clara al describir los derechos de la clase trabajadora como progresivos e irrenunciables, rechazando tajantemente desmejoras y reducciones salariales.
“El 2792 fue un desacierto. Maldonado pasó desapercibido porque no hizo nada: desinversión total. No hubo compra de equipos de ni absolutamente nada”, expresó José Basanta, miembro de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana y trabajador de CVG Bauxilum.
Durante el auge de protestas, en el 2018, dirigentes sindicales constantemente reclamaban haciendo referencia a que se estaban vulnerando sus derechos, entre ellos, Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), quien destacaba que este memorándum pasó por encima de todas las luchas laborales y beneficios que percibían los obreros, dejándolos en una situación de vulnerabilidad plena.
Destrucción del movimiento sindical y desincorporaciones
En los recuerdos de trabajadores vinculados con el movimiento laboral y los sindicatos, el 2018 fue un año cuando que azotó duramente a las organizaciones laborales, toda vez que el Estado buscaba imponer a sus candidatos y así obtener el control del movimiento sindical.
En este sentido, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió oficialmente las elecciones gremiales en el año 2020; sin embargo, el especialista laboral Ramón Sosa aseveró que desde 2018 se habían impedido este tipo de comicios.
La llegada a la presidencia de Pedro Maldonado no solo se caracterizó por la disminución de sueldos, sino por nulos intentos para atender el origen de las protestas de calle, y el aumento de las detenciones arbitrarias.
Rubén González, dirigente laboral de Ferrominera, fue condenado en el 2019 y sometido a 17 meses de prisión. González estuvo detenido 3 veces por protestar contra de la destrucción de los contratos colectivos y el memorándum 2792, todas decisiones auspiciadas por la gerencia de Pedro Maldonado.
“Ferrominera Orinoco era un ejemplo de lucha laboral. Nos quitaron las instalaciones del sindicato, sacaron a todos los dirigentes sindicales. Liquidaron el sindicato totalmente. No nos dejan hacer asambleas ni dentro ni fuera de la empresa. Todo para mantener su hegemonía que no cumple con las normas establecidas internacionalmente. La persecución del 2018 y 2019 fue provocada por el pronunciamiento del 2792. Allí empezaron a tratar de eliminar los sindicatos elegidos por los trabajadores”, expresó González.
El sindicalista destacó que, actualmente, todas las empresas cuyos sindicatos estaban en manos de la disidencia han desaparecido. Alegó que las industrias que tienen sindicatos activos están dirigidas por trabajadores adeptos al gobierno.
“Lo que queda son sindicatos de ellos. El de Venalum, está Pedro Perales. El de Alcasa está José Gil. Esos quedaron allí, pero no representan al trabajador, sino al partido. El secretario de CVG Casa matriz era Ramón Gómez y lo jubilaron forzosamente. En Bauxilum era Rolando Muñoz y tampoco está activo”, acotó.
En este sentido, estos trabajadores reafirmaron a este medio que fueron desactivados o puestos la figura de “no requeridos”, con el fin de que no siguieran ejerciendo sus labores sindicales, esto vulnerando su fuero sindical.
Aunado a esto, pese a que la figura de trabajadores “no requeridos” fue impuesta desde la pandemia; trabajadores del holding declararon a Correo del Caroní que las desincorporaciones y despidos masivos datan de años atrás.
Por ejemplo, en CVG Alcasa se ejecutó un despido masivo durante 2019, que dejó sin empleo a más 900 trabajadores. Asimismo, durante la pandemia se desincorporó a más de 9 mil empleados, según cifras ofrecidas por el gobernador del estado, Ángel Marcano.
Según Pedro Maldonado, estas desincorporaciones se debieron a la falta de operatividad en las plantas, a su vez, el presidente de la CVG admitió que en 2019 la producción del parque industrial estaba en cero. En ese entonces responsabilizó a la guerra económica y los bloqueos de la debacle productiva.
“Esta situación de corrupción no sorprende. Estamos bajo el régimen más corrupto en la historia de Venezuela. No me sorprenden estas acusaciones de corrupción. Uno rechaza la corrupción, pero antes por lo menos se cuidaban de repente para hacer las cosas. Estos agarran y roban como les da la gana. Jamás les importó la producción de las empresas”, manifestó González, dirigente laboral.
Apagón generalizado: más del 90% de Venalum perdió sus celdas
Trabajadores de CVG Venalum, Alcasa y Bauxilum confirman que el mayor fracaso de la gestión de Maldonado fue el manejo de las consecuencias del “apagón” del 2019.
En ese entonces se responsabilizó a la crisis energética, y un año después se vivió un apagón nacional, pero los trabajadores aseguran que también influyó la falta de insumos y personal que se mantenía en huelga por los bajos salarios.
De las 905 celdas de reducción de aluminio de CVG Venalum, en 2018 el número cayó a 99, quedando operativa solo 10% de la compañía.
En 2019 el número bajó a 56 celdas y para marzo de 2019 todas las celdas de la empresa se apagaron, esto ocurrió paralelo a la pérdida de las 14 celdas que para ese año quedaban en CVG Alcasa.
“Yo creo que el mayor error que se cometió fue dirigir la empresa por redes de amistad y no por profesionalismo. No se tomó en cuenta la experticia y la buena gerencia. En 2019 económicamente se vivió una pérdida total. Quedamos en 0. Las celdas deberían tener garantizadas la electricidad. Eso que pasó en Pdvsa es una espinita. En Guayana es hasta peor. Los trabajadores de 30 años no podemos pagar escuelas, comer bien, y hay una cúspide que se está dando la buena vida. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo tienen para entrar y comprar en dólares en grandes centros comerciales?”, adujo José Amezquita, trabajador de CVG Venalum y dirigente del Parlamento Obrero de Base, movimiento laboral.
La mala gerencia y la crisis energética produjo un quiebre de la compañía que dejó a más de 5 mil obreros sin trabajo.
“Caiga quien caiga”
Hasta el momento, sobre la detención de Pedro Maldonado no se tiene confirmación oficial, aunque los obreros entrevistados por este medio aseguran que fue uno de los apresados en el allanamiento del pasado 30 de marzo en el Edificio Sede de la Corporación Venezolana de Guayana.
No existe confirmación ni pronunciamiento oficial, pero los comunicados reproducidos en redes sociales por la Policía Nacional Contra la Corrupción expresan que el ente solicitó al Ministerio Público iniciar el encausamiento judicial de un conjunto de funcionarios vinculados a corrupción en la CVG.
Esto, consideran los trabajadores, podría responder a las exigencias que hicieron el pasado 23 de marzo, en una protesta multitudinaria, en la que pidieron “meterle la lupa” a CVG aseverando que habían irregularidades y malversación de fondos en el holding.
