Los representantes legales del Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) admitieron que la mayoría de los casos sobre presuntos crímenes de le humanidad presentados ante la Corte están impunes.
Este miércoles 8 de noviembre, continúa la audiencia convocada por la Sala de Apelaciones del organismo internacional para decidir sobre la apelación presentada por el gobierno de Nicolás Maduro, que está en contra de la continuación de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la CPI en el país.
Ante la interrogante de la jueza Luz Carmen Ibáñez Carranza sobre si las fichas presentadas sobre los 124 incidentes investigados son documentos oficiales y cuál era el estatus de cada uno de ellos, el abogado Aitor Martínez Jiménez, representante del Estado, señaló que 113 se encuentran en fase de investigación.
El jurista aseguró que han “conseguido individualizar como posibles responsables a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay 3 en fase intermedia, es decir con una acusación formal; 3 en fase de juicio; y 5 condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados”, admitió.
Ben Emmerson, quien también defiende al Gobierno de Venezuela ante la Corte, dijo que en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no porque la investigación aún no ha alcanzado ese nivel.
“Ninguno de esos casos se ha cerrado o ha concluido completamente, ninguna de estas investigaciones ha acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua”.
De 62 casos presentados en 47 no identificaron perpetradores
La Fiscalía de la CPI aseguró que de los 62 casos que fueron reportados por el Gobierno de Nicolás Maduro ante la CPI, 47 de ellos no identifican a los perpetradores.
El organismo aseguró que en 57 de los casos estaban en la primera fase del procedimiento, donde aún no había una acusación formal y en 21 casos la Fiscalía vio que era una característica jurídica inadecuada.
Por su parte, la defensa del Estado indicó que la jurisprudencia de la CPI no obliga a los Estados a investigar las mismas conductas que la Fiscalía y añadió que el crimen de persecución no está previsto en las leyes de Venezuela.
Emerson sostuvo que no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales y se escudó que en las leyes de Venezuela tampoco contemplan los crímenes de lesa humanidad como los de la CPI, sino como delitos ordinarios.
Ante estas declaraciones la Fiscalía de la Corte afirmó que es fundamental que “los Estados demuestren que investigan los mismos tipos de conducta” que la CPI.
