Desde el inicio de lo que han llamado la era dorada de Estados Unidos, Donald Trump y su equipo han sido claros en su mensaje hacia millones de emigrantes: “Váyanse ahora. Si no, los perseguiremos, los arrestaremos y los deportaremos”. Ante la difícil tarea de expulsar a los casi 14 millones de indocumentados, ya sea por la inversión que conlleva, por motivos logísticos, o la imposibilidad de rastrear a cada migrante, el nuevo Gobierno se ha encargado de difundir el mensaje de que lo más conveniente para los indocumentados es irse por su cuenta.
Al parecer este discurso, acompañado de amenazas, ha calado en la gente. Las autoridades han confirmado que en las últimas semanas “ha aumentado” el número de personas que decidieron hacer el camino de retorno de manera voluntaria. “Estamos viendo niveles altísimos de migración inversa, gente que se da la vuelta en nuestra frontera sur”, dijo este lunes en una entrevista con la cadena Fox News Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para asuntos públicos.
Aunque no precisó cifras de cuántos lo han hecho, la funcionaria aseguró que muchos migrantes están usando CBP Home, la aplicación móvil con la que cualquier persona puede autodeportarse. “Es una gran herramienta para inmigrantes ilegales que quieren irse ahora”, dijo. Además, defendió la idea de que esta es la mejor vía para los emigrantes, porque si se autodeportan “existe la posibilidad de que puedan regresar legalmente por el camino correcto y seguir adelante para vivir el sueño americano”. McLaughlin insistió en que, para tener la posibilidad de volver a Estados Unidos, “deben irse ahora”.
Hasta ahora, las cifras de expulsiones de migrantes habían dejado insatisfechos a los republicanos, especialmente al presidente. Un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) dijo a The New York Post que se han deportado a unas 100.000 personas, mientras unos 113.000 extranjeros sin papeles se encuentran detenidos y pendientes de expulsión.
Desde la llegada de los republicanos a la Casa Blanca, el Gobierno ha presionado hacia la autodeportación, ha invertido millones de dólares en publicidad y ha mostrado sin velos lo que les puede suceder a quienes no lo hagan. Las imágenes de las decenas de deportados como criminales en la mega cárcel de El Salvador, casi a modo de espectáculo circense, funciona con la mejor amenaza. Desde una de las celdas, con los cuerpos tatuados de decenas de migrantes de fondo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, una fiel aliada de Trump para estos asuntos, repitió una vez más el mensaje: “No vengan a nuestro país ilegalmente. Serán expulsados y procesados”.
“Mucho cuidado con hacer una deportación voluntaria”
En las últimas semanas han trascendido varios casos de personas que han decidido autodeportarse para evitar que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) los encierren como delincuentes en uno de los grandes centros de detención del Gobierno. NBC News sacó a la luz la historia de una mexicana, que tras permanecer 18 años en Estados Unidos, e incluso haber tenido hijos en el país, prefirió el camino de la autodeportación. También se hizo público el caso del joven cubano Eric Dayán Corcho Aguilar, de 22 años, quien llegó con parole humanitario y se marchó hace unos días, cuando la Administración republicana anunció que suspendía la protección a los beneficiarios del programa en menos de un mes.
Dentro de los centros de detención, hay quienes están pidiendo a gritos que los dejen regresar por su cuenta, tras las muchas denuncias de hacinamiento, mala alimentación y malos tratos. Otros ni quisiera han llegado a Estados Unidos y ya han emprendido su travesía de regreso, ante el mensaje amenazante de lo que puede sucederles a los migrantes en manos del Gobierno de Trump. María José Espinosa, experta en política exterior y directora ejecutiva del Centro para el Compromiso y la Incidencia en las Américas (CEDA), aseguró a EL PAÍS que durante su última visita hace unas semanas a Juárez se encontró con familias que habían decidido pagar a coyotes para retornar a sus casas, y que otros lo estaban haciendo por sus propios medios. También hay personas que cruzaron la frontera y ahora están solicitando comparecer ante el juez para pedir la salida voluntaria del país.
Con la pérdida del estatus legal muchos migrantes se quedarán sin trabajo y algunos querrán regresar a sus respectivos países, pero la mayoría permanecerá en Estados Unidos a pesar del temor. Los abogados aconsejan que se debe calcular bien la decisión de irse de manera voluntaria, pues detrás del discurso oficial de un posible retorno podría haber una manipulación. El abogado de inmigración Alex Gálvez advirtió en declaraciones a la cadena Telemundo que se debía tener “mucho cuidado con hacer una deportación voluntaria”. Incluso por esa vía, aseguró, las personas seguirán siendo castigadas y no podrán solicitar un visado hasta diez años después: “Para aplicar a una visa de turismo antes de los 10 años vas a tener que pedir un perdón (…), pero es muy difícil de obtener”.
