En el segundo día de audiencias convocadas por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), el gobierno de Venezuela admitió que la mayoría de los casos de crímenes de lesa humanidad de los cuales presentó documentación ante el tribunal de La Haya siguen impunes.
La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza comenzó la audiencia preguntando a los representantes del gobierno de Venezuela si las fichas presentadas de 124 incidentes son documentos oficiales y cuáles son sus estatus. En su respuesta, la delegación del gobierno admitió que ninguno de los casos ha concluido con una condena definitivamente firme.
El abogado Aitor Martínez Jiménez, representante del gobierno, dijo que 113 de los casos se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos. En tres casos, hay una acusación formal, en tres hay un juicio en curso y en cinco casos hay condenas, que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados.
Martínez Jiménez también detalló que, en relación a los rangos, dentro de los 124 incidentes se encuentran 15 oficiales actualmente condenados, que van desde oficiales de la policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana. En las fuerzas de seguridad, hay 18 comisarios, 39 inspectores, 9 detectives, 9 supervisores, 2 oficiales jefe, 26 oficiales y, en el cuerpo militar, 3 tenientes coroneles, 7 tenientes, 1 mayor, 6 capitanes y 31 sargentos sometidos a investigación.
El abogado del gobierno admite ante la CPI
El abogado británico Ben Emmerson, que encabeza la comitiva chavista, admitió que «evidentemente en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel».
Y reconoció que «ninguno de esos casos se ha cerrado o ha concluido completamente, ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua».
Por su parte, la Fiscalía de la CPI informó que de los 62 casos reportados por el gobierno han visto que «47 de ellos no se identificaron a los perpetradores, es decir 3/4 partes no se identificaron. También en 57 casos estaban en la fase preparatoria, es decir la primera fase del procedimiento donde todavía no hay una acusación formal. Y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada».
La admisión del gobierno de Venezuela de que la mayoría de los casos de crímenes de lesa humanidad siguen impunes es un golpe a la credibilidad del país y a su compromiso con la justicia internacional.
