En el país hay 288 personas privadas de libertad por motivos políticos, de acuerdo con el balance que presentó Foro Penal a los medios de comunicación este lunes 14 de agosto.
De este total, 155 son militares y hay 133 civiles, entre ellos 20 mujeres, informó el presidente de la ONG, Alfredo Romero.
El abogado precisó que 15.791 personas han pasado por prisión política desde 2014. “9.415 personas se encuentran con medidas cautelares; es decir, que están fuera de la cárcel, pero todavía mantienen medidas restrictivas a su libertad”, cuestionó.
11 presos políticos muertos
Recordó que 11 personas han muerto bajo custodia del Estado y alertó que más de 50 privados de libertad tienen problemas de salud, algunas derivadas de las condiciones de la prisión y de las torturas.
“113 personas tienen más de 3 años en prisión preventiva, sin condena, en muchos de estos casos ni siquiera ha comenzado el proceso judicial. Foro Penal solicitó la liberación de estas personas y los tribunales la negaron, eso es crimen de lesa humanidad. Esta lista que tengo acá la tiene la Corte Penal Internacional(CPI)”, declaró.
Romero también se refirió al proceso electoral en puertas pues considera que “mientras exista la persecución política no puede haber elecciones justas”.
“Si la prisión política continúa y se mantiene esa soga al cuello para cualquiera que se oponga al régimen, proteste o se proponga como candidato, no puede haber elecciones justas. Dentro del proceso de conversaciones (negociación política) no puede pasar por debajo de la mesa la situación de los presos políticos y la persecución”, manifestó.
El vicepresidente de Foro Cívico, Gonzalo Himiob, dejó claro que la apelación del Estado venezolano en contra de la continuidad de la investigación por crímenes de lesa humanidad de la CPI no afecta ni paraliza el proceso que conduce el fiscal Karim Khan.
“En el momento en el que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI recibe esta solicitud del Estado venezolano una de las cosas que deja claro es que la manifestación de que se va a procesar la apelación no suspende la investigación”, señaló.
Advirtió que todo lo que ocurre en Venezuela está “bajo la lupa de la CPI”: “El llamado es a poner fin a los crímenes de lesa humanidad y que la búsqueda de justicia nos permita alcanzar la paz necesaria en nuestra nación”.
Sobre la oficina de cooperación técnica, contemplada en el memorándum de entendimiento que suscribieron el gobierno de Nicolás Maduro y el fiscal Karim Khan, dijo: “Todavía no se han articulado los mecanismos necesarios para la instalación de la oficina en el país. Se evaluaron algunas posibilidades de sede, pero no hay ningún paso concreto importante en ese sentido”.
Se refirió, además, a la judicialización de los partidos políticos, acción que recientemente afectó al Partido Comunista de Venezuela (PCV).
“Lejos de favorecer a la causa o a la argumentación del Estado venezolano, en el curso de esta apelación que se está manejando, lo perjudica porque si está tratando de demostrar que en el país hay condiciones adecuadas para que las personas que cometen crímenes de lesa humanidad sean enjuiciados lo menos que debe hacer el Estado venezolano es seguir demostrando que hay persecución política”.
Himiob rechazó la declaración del nuevo comandante de la GNB, Elio Estrada Paredes.
“La Constitución dice que la Fanb no es herramienta de ningún partido político. Hay una grave irregularidad y un llamado claro a la violencia. Son declaraciones que no pasan desapercibidas para las organizaciones internacionales y podrían conducir a la declaratoria de responsabilidad directa e individual en el contexto de una investigación que en este momento está en curso”, dijo.
El militar señaló de “falsos candidatos” a opositores inhabilitados.
Los directivos de Foro Penal estuvieron acompañados por familiares de presos políticos.
Rafael Tarazona, expreso político y hermano de Javier Tarazona, quien permanece privado de libertad declaró: “Hay algunas patologías que ni siquiera conocemos qué tan agudas pueden estar porque no ha recibido atención médica con exámenes que determinen su verdadero estado de salud, esto es así para muchos de los detenidos por razones política”.
Lili Barboza, esposa del preso político general Héctor Hernández Da Costa recluido en el Dgcim desde 2018, también se pronunció. “Cumplió cinco años de injusta prisión a pesar de ser inocente y de tener una medida de liberación inmediata de la mesa de detenciones arbitrarias de la ONU. Su cuadro de salud es muy delicado, sufre una cardiopatía congénita y presenta un cuadro de diabetes”, expresó.
