La continuada crisis de derechos humanos se vio agravada por los efectos de la pandemia de COVID-19. Continuó la política de represión aplicada por el régimen de Nicolás Maduro, y se conocieron nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos contra personas a las que se consideraba críticas con el gobierno.
Se sometió a intimidación, hostigamiento, agresiones y detención a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas. Empeoró la emergencia humanitaria y persistían las violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un sistema de salud cada vez más debilitado y escasez de agua, combustible, alimentos y electricidad.
La impunidad por violaciones de derechos humanos continuó siendo la norma. La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó y condenó la impunidad sistémica, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional determinó que había motivos para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad y anunció la apertura de una investigación formal.
Ejecuciones extrajudiciales
Las fuerzas de seguridad, incluida la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional (FAES), siguieron llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales. En enero, 14 hombres murieron durante una operación de seguridad en la parroquia La Vega de la capital, Caracas, en circunstancias que apuntaban a que podían haber sido víctimas de ejecución extrajudicial.1
Según la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, las fuerzas policiales habían matado hasta marzo a más de 200 personas. La Misión declaró que investigaría las circunstancias de los homicidios y la participación de la FAES.
Detención arbitraria
Continuaron las detenciones arbitrarias por motivos políticos en el marco de una política gubernamental de represión. Según la organización de derechos humanos Foro Penal, se detuvo a otras 44 personas, con lo que la cifra total de personas recluidas en detención arbitraria por motivos políticos al final del año ascendía a 244. Entre estas personas había activistas políticos, estudiantes, personal de las fuerzas armadas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas consideradas detractoras del gobierno de Maduro.
Roland Carreño, periodista y miembro del partido Voluntad Popular detenido de forma arbitraria en octubre de 2020, permanecía bajo custodia acusado de “terrorismo” y otros delitos en virtud de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo.
Foro Penal informó de que al menos dos personas que habían sido detenidas de forma arbitraria —Salvador Franco, miembro del pueblo indígena pemón y, Gabriel Medina, quien había sufrido problemas de salud durante más de un mes— murieron en prisión sin recibir la atención médica adecuada.
La familia y el abogado de Raúl Isaías Baduel, que murió en octubre supuestamente a causa de complicaciones relacionadas con la COVID-19 mientras se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), pidieron una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de la muerte.
Desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos
Se abrió una nueva investigación penal sobre la desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo, ocurrida en 2019, pero sin incluir la responsabilidad de la cadena de mando.
En septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó de que era habitual que las autoridades no investigaran las denuncias de tortura. En 67 de los 183 casos que documentaba, las personas presas habían comparecido ante el tribunal con señales visibles de malos tratos. En algunos casos, las denuncias de tortura no figuraban en las actas judiciales; en otros se ordenaba al Ministerio Público abrir una investigación formal. Con todo, las familias y los abogados defensores dijeron a los representantes de la Misión que no tenían conocimiento de que se hubieran producido avances en esos procedimientos.
La Misión de Determinación de los Hechos también documentó la práctica del secuestro o la detención de familiares con el propósito de obligar a las personas a las que se atacaba como parte de la estrategia represiva a presentarse ante las autoridades (método conocido como “Sippenhaft”).
Eran habituales las denuncias de tortura y otros malos tratos en las etapas iniciales de la desaparición forzada.
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