Los gobernantes de América del Sur que se reunirán en la Cumbre de la Amazonia los días 8 y 9 de agosto deben comprometerse a ratificar el Acuerdo de Escazú, que protege a los defensores ambientales, planteó en una declaración la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
“La selva amazónica y sus defensores están gravemente amenazados”, dijo Juanita Goebertus, directora para América en HRW, y los gobiernos “deben mostrar su compromiso con la preservación de un ecosistema crucial para la región y el planeta mediante la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú”.
La cumbre amazónica prevé reunir a los gobernantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Ecuador, Perú, Suriname y Venezuela, con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como anfitrión, en la norteña ciudad de Belém.
Se prevé que emitan un compromiso de actuar juntos para proteger el bosque amazónico –del que ya se perdió al menos una cuarta parte- y promover el desarrollo sostenible en esa región, considerada vital para combatir el cambio climático.
La Amazonia, de 7,4 millones de kilómetros cuadrados y 40 millones de habitantes –entre ellos más de 500 pueblos indígenas- está severamente amenazada, según redes académicas y ambientalistas, por el avance de la deforestación, la expansión de las actividades agropecuarias, la minería ilegal y la acción de organizaciones criminales.
América Latina, recordó Goebertus, “es la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos ambientales y territoriales, y una mejor protección para las comunidades de primera línea es clave para mantener nuestros bosques en pie, y mantenerlos en pie es clave para contener la crisis climática”.
En la década de 2012 a 2021, según la organización Global Witness, basada en Londres, 1733 personas defensoras de tierra y medio ambiente en todo el mundo fueron asesinadas, y 68 % de esos crímenes se cometieron en América Latina.
“América Latina es la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos ambientales y territoriales, y una mejor protección para las comunidades de primera línea es clave para mantener nuestros bosques en pie, y mantenerlos en pie es clave para contener la crisis climática”: Juanita Goebertus.
Los defensores de la tierra y derechos ambientales son víctimas del crimen en países amazónicos. Por ejemplo, en 2021 Global Witness registró 33 asesinatos en Colombia, 26 en Brasil, siete en Perú, cuatro tanto en Ecuador como en Venezuela, y uno en Bolivia.
La Procuraduría de Derechos Humanos de Colombia dio cuenta de más de 230 líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos asesinados desde 2020, recordó HRW, y en Brasil más de 100, de los cuales 78 en la región amazónica, según la Comisión Pastoral de la Tierra.
Las personas y organizaciones defensoras de la tierra y los derechos ambientales a menudo se desempeñan bajo múltiples agresiones y amenazas, obstáculos a su labor, falta de protección legal e indiferencia de gobiernos y otras instituciones y empresas, cuando no abierta oposición a sus labores.
Ese panorama llevó a la adopción en 2018 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, por el nombre de la ciudad vecina a San José de Costa Rica donde fue negociado.
De los países amazónicos solo lo han ratificado Bolivia, Ecuador y Guyana. En Colombia lo ratificó el Congreso pero está pendiente de una decisión de la Corte Constitucional, y Brasil y Perú lo han firmado pero no ratificado por sus respectivos parlamentos.
Suriname y Venezuela no han suscrito el acuerdo, cuyo objetivo es garantizar los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, y establece medidas de prevención, protección, monitoreo, y evaluación y acopio de información sobre las situaciones de riesgo que atraviesan los defensores ambientales.
El acuerdo “ayudaría a reforzar la protección de la selva amazónica y otros ecosistemas en toda la región, al exigir a los países que protejan a los defensores ambientales, garanticen el acceso a la información y aseguren la participación pública en la toma de decisiones”, apuntó HRW.
“Ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú debería ser una parte central del compromiso de los gobiernos para proteger la Amazonia” en la cumbre que se celebrará en Belém, insistió finalmente HRW.
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