En un nuevo informe que será divulgado mañana, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) acusa formalmente a la fuerzas de seguridad en Venezuela de ser cómplices directos del Eln en los numerosos abusos contra la población civil que se vienen cometiendo en la zona de frontera entre ambos países.
SERGIO GÓMEZ // EL TIEMPO
Según la organización, “múltiples testigos, personas desplazadas y funcionarios humanitarios”, les confirmaron la alianza de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con el grupo guerrillero y su participación en crímenes, que incluyen asesinatos y desapariciones forzadas.
La denuncia hace parte de una investigación realizada por esta ONG y que incluyó la visita a los departamentos de Vichada y Arauca, en febrero de este año, y entrevistas con más de 100 personas, entre ellos desplazados, líderes comunitarios e indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales colombianas y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
El corazón del reporte es la violencia que se viene registrando en el marco de los enfrentamientos entre el ‘Comando Conjunto de Oriente’ –una coalición de grupos disidentes que surgieron tras la desmovilización de las Farc– y el Eln, que se disputan el control del territorio y las actividades ilícitas en el departamento de Arauca y el estado venezolano de Apure.
De acuerdo con la ONG, los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera han provocado “un aumento dramático de la violencia” en los primeros meses de 2022, forzando a miles a huir de sus hogares.
“Los guerrilleros de ambos bandos, que anteriormente habían operado como aliados, han cometido múltiples abusos, incluyendo asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado. Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que han estado implicadas en violaciones de derechos humanos que han dado lugar a investigaciones internacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, han realizado operaciones conjuntas con miembros del Eln y han sido cómplices de sus abusos”, dicen en el reporte.
Según Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas en HRW, pese a algunas medidas, “la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente. Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas”.
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