La “normalización” pregonada por Maduro hace aguas. El alza incontenible en el precio de la divisa, como de muchos bienes y servicios, amenaza con desatar, de nuevo, el diablo de la hiperinflación. La población sale a protestar hastiada, demandando remuneraciones dignas. Las encuestas más recientes confirman que el deterioro de sus sueldos y salarios, ya de por sí miserables, constituye su problema más inquietante. Responder a tal angustia debe ocupar un puesto central en la prédica del liderazgo opositor si quiere aunar voluntades mayoritarias para el cambio democrático. Pero las mismas encuestas suministran otro dato, muy desconcertante: la población está decepcionada en alto grado de los políticos, incluidos los que componen el liderazgo opositor. Dependiendo del dirigente, el nivel de desconfianza llega a superar aún el que se expresa por Maduro. Sin embargo, más de un 80% de los encuestados se muestra a favor de la necesidad de un cambio político. ¿Cómo abordar esta incongruencia?
La conexión del liderazgo político con los problemas de sobrevivencia del venezolano de a pie requiere de una narrativa que sea creíble. Las bajas remuneraciones no resultan simplemente de una voluntad perversa que se niega a aumentarlas. Es resultado de una voluntad perversa, sí, pero que destruyó la economía de tal forma que su productividad se vino al suelo. Aun queriendo, no puede mejorarse el poder adquisitivo de los salarios. Cayó, además, la producción petrolera y, con ello, el ingreso externo. Ya no puede financiar aumentos administrativos de salario como antaño. En 2022, la producción apenas superó los 700 mil b/d. Su venta requirió de fuertes descuentos, pagando peajes diversos: habrá facturado menos de $15 millardos. Además, PdVSA ha tenido que importar productos refinados –incluyendo gasolina— para atender la demanda interna y crudo liviano para mejorar el crudo pesado de la faja. También ha contratado, con los iraníes, trabajos de recuperación de algunas refinerías del país. Por tanto, el remanente que aún queda para responder a las múltiples necesidades de la población es mínimo. Contrasta con el dispendio del último gobierno de Chávez, cuando se produjo a diario más de 3 millones de barriles que trajeron, como ingreso de exportación, una media de $75 millardos cada año.
Pero, además, la capacidad del aparato administrativo del Estado para atender los requerimientos de los venezolanos está seriamente disminuida. No es sólo el deterioro de los servicios públicos. Son también las deficiencias que resultan de la fuga de talento, dados los pésimos salarios de los empleados públicos; lo engorroso de muchos trámites; la discrecionalidad con que se autorizan; los peajes para “habilitarlos”; la opacidad e incertidumbre sobre sus resultados; las corruptelas y tantas otras trabas burocráticas. Lejos de ser fuente de soluciones, el Estado venezolano es, en buena parte, el problema.
Rescatar la capacidad de respuesta del Estado a los problemas del país requiere su reforma a fondo. Debe desprenderse de empresas deficitarias y demás activos que lastran su presupuesto; sanear y conciliar sus cuentas; reestructurar sus deudas; sincerar las tasas que cobra; avanzar en un proceso de reingeniería de procesos que simplifique su gestión, acompañado de las reformas correspondientes en su ordenamiento legal y reglamentario; actualizar e integrar la plataforma tecnológica con base en la cual presta sus servicios; restituir la carrera pública, con una estructura de remuneraciones basada en la meritocracia, libre de condicionamientos partidistas y personales; capacitar el personal y ajustar la nómina en aras de un Estado ágil, versátil y eficaz; e invertir en los equipos e instalaciones que requiere para ello. Debe enmarcarse en la reactivación y profundización del proceso de descentralización de la gestión pública, de manera de hacerla más transparente, abierta y asequible a la ciudadanía.
Adelantar tales reformas plantea un serio problema de financiamiento. Como fue destruida la industria petrolera, se debe acudir a la banca multilateral. Pero ésta impone condiciones al país solicitante de fondos para asegurar el crecimiento económico y el pago de sus deudas, como la atención a sus repercusiones sociales para evitar protestas que pudiesen desbarrancar su implementación. En el corto plazo, lo anterior se resume en el programa de estabilización macroeconómica de que tanto hablan los economistas y, hacia plazos más largos, en la instrumentación de reformas estructurales que eliminen las trabas al desarrollo y permitan oportunidades equitativas para acceder, en libertad, a sus frutos.
Pero no se trata de dar clases de economía a la población. Basta señalar, por ahora, que: 1) el ajuste económico deberá ser de naturaleza expansiva, dado el abismal desempleo de recursos productivos en el país. Tiene que apartarse claramente del ajuste contractivo, empobrecedor e inviable –por no poder estabilizar el tipo de cambio– aplicado por Maduro. El aspecto clave está en la calidad del gasto, en mejoras en los servicios y en la gestión pública en general –externalidades positivas—, para reducir los costos de transacción e incentivar la inversión y el emprendimiento; y 2) tal ajuste expansivo requiere de financiamiento internacional, ergo, del cumplimiento de las condiciones arriba referidas, incluyendo una reestructuración a fondo de la deuda externa venezolana.
El proceso de primarias para elegir el candidato opositor en las elecciones de 2024 debe aprovecharse para forjar ideas-fuerza en torno a estos planteamientos, capaces de generar confianza en la superación del funesto modelo chavista. Chávez capitalizó el descontento de los ’90 con una idea simple, sin mayor definición: la “refundación” de la Patria. Implicaba desmontar las trabas que impedían al pueblo disfrutar de las posibilidades que debería ofrecer un país rico como Venezuela. Llevó al reparto discrecional “socialista”, basado en el desmantelamiento de las garantías y la imposición de controles de todo tipo. Acabó con la iniciativa privada y permitió el saqueo de PdVSA y de los recursos públicos en general. Es decir, acabó con las fuentes de riqueza cuya compartición solventaría los problemas de los venezolanos.
Ante la destrucción de riqueza inherente al desempeño chavo-madurista, la oposición democrática debe contraponer, como solución clara y única posible, la creación de riqueza. Se trata de cambiar a fondo el arreglo prevaleciente, no de administrarlo mejor o más pulcramente. Implica una narrativa ajena a la de la competencia populista que se cultivó, tantos años, con el usufructo dispendioso de la renta petrolera. Fue la base del socialismo expoliador que es menester superar, para bien de la población.
¿Cómo crear riqueza? Implica fomentar condiciones para que prosperen negocios que compitan en calidad y precios. Significa promover y facilitar el emprendimiento, con acceso a capital de riesgo y normativas que reduzcan la incertidumbre. Es garantizar los derechos laborales para fortalecer la capacidad negociadora de los trabajadores ante la empresa o el Estado, así como los derechos de propiedad de activos productivos y personales. Son las garantías necesarias para generar confianza, estimular inversiones y promover el empleo productivo. Obliga a extirpar las extorsiones y “mordidas” de funcionarios y Guardias Nacionales corruptos. Exige transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Requiere de servicios públicos eficientes, y tener acceso a una educación y a una asistencia sanitaria de calidad. Supone el libre acceso a la información y a las opiniones de interés para la toma de decisiones acertadas para un emprendimiento o para salvaguardar el bienestar familiar.
Es la respuesta a las angustias y aspiraciones que mueven al venezolano en su día a día. El ejercicio pleno de los derechos constitucionales y la participación ciudadana activa a nivel local, regional y central es condición para aprovechar a cabalidad el enorme potencial para crear riqueza de los venezolanos tanto de adentro como de afuera. De ello dependerán, asimismo, los apoyos internacionales necesarios.
