La sentencia, sin embargo, suele ser menor para quienes, como en este caso, carecen de antecedentes penales.
Su comparecencia, de cerca de media hora, se produjo en una corte federal en el centro de la ciudad de Wilmington (Delaware), que amaneció este martes rodeada de periodistas, focos y cámaras de televisión, además de un fuerte dispositivo de seguridad.
Dentro del edificio, se desarrolló una breve vista judicial en la que el juez Christopher Burke se aseguró de que el hijo de Biden entendía sus derechos y los delitos de los que se le acusa para, a continuación, permitirle que se declarara culpable o no culpable de los mismos.
Sus abogados habían pedido que compareciera por videoconferencia para ahorrarle al Gobierno el costo de desplazar al acusado junto a sus agentes del Servicio Secreto desde su residencia en el estado de California hasta Delaware, en la costa opuesta del país. Sin embargo, el magistrado determinó que no debía recibir un «trato especial» y le ordenó acudir en persona.
Hunter Biden está acusado de haber mentido en un formulario que tuvo que rellenar cuando, en octubre de 2018, compró en una tienda de Wilmington un revólver Colt Cobra de calibre 38.
Específicamente, se le acusa de dos cargos por haber hecho declaraciones falsas, el primero por haber marcado una casilla en el formulario en el que aseguraba que no era adicto a las drogas y el segundo por haber entregado esa información a la tienda sabiendo que era falsa.
El tercer cargo se debe a que poseyó ese arma durante 11 días pese a que sabía que tenía una adicción a las drogas.
Hunter Biden, de 53 años, ha reconocido públicamente que durante décadas ha luchado contra la adicción al alcohol y las drogas, que se vio agravada tras la muerte de su hermano Beau en 2015 por un tumor cerebral.
Cuando compró la pistola en 2018, estaba inmerso en una espiral de depresión tras haberse divorciado de Kathleen Buhle, con la que tuvo tres hijos y, además, atravesaba un momento especialmente difícil con su adicción al crack, según narró él mismo en sus memorias «Beautiful Things», publicadas en 2021.
Los cargos contra Hunter Biden son el resultado de una investigación que se abrió en 2018 durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) y que el propio exmandatario, ahora aspirante a la nominación presidencial republicana, ha usado para atacar a Biden, con quien podría enfrentarse en las elecciones de 2024.
La investigación, que ya dura cinco años, desembocó este año en un acuerdo entre la defensa de Hunter Biden y el equipo de acusación liderado por el fiscal David Weiss, nombrado por Trump, que podría haber puesto fin al drama judicial.
Sin embargo, ese pacto colapsó y ahora Hunter Biden se enfrenta a un juicio que probablemente se desarrolle en plena campaña para los comicios de noviembre de 2024.
Dentro de esta nueva etapa judicial, Weiss, el fiscal designado por Trump que investigó a Hunter Biden desde el inicio, fue nombrado fiscal especial para este caso por el fiscal general Merrick Garland, lo que le otorga mayor independencia y la autoridad para elaborar un informe sobre su investigación que podría hacerse público durante la campaña electoral.
Este litigio se está desarrollando de manera paralela a otra pelea política en el Congreso.
Allí, la mayoría republicana de la Cámara Baja ha abierto una investigación de juicio político («impeachment») a Biden, al que acusan de haber usado su influencia política para favorecer los negocios en el extranjero de su hijo Hunter, algo que ha refutado la Casa Blanca de manera reiterada. EFE
