La Comisión Permanente de Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático junto a la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, realizaron este viernes el foro “Libertad y Ambiente: tratados internacionales ambientales en países totalitarios» en el que expertos debatieron los retos para defender el sur del país.
La diputada María Hernández, presidente de la Comisión de Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático, resaltó que la AN desde el 2016 se ha empeñado en mostrar la causa y la consecuencia de la situación y de mostrarle al venezolano que existen formas de reparar daños y lograr justicia, «la libertad es clave para lograrlo» .
Cristina Vollmer, fundadora de SOS Orinoco, alertó durante su participación que los informes realizados por la organización que representa desde el 2018, evidencian grandes daños ambientales en Venezuela, con consecuencias internacionales.
«El régimen de Venezuela está violando la mayoría de los acuerdos y convenios. Tristemente Venezuela no participa en los tres acuerdos más recientes e importantes, (Escazú, pacto de Leticia y Convenio de Minanata)», dijo.
Dijo que un 70 % del curso del Río Caroní está contaminado por mercurio.» Se estima que el efecto de arrastre y acumulación del mercurio puede alcanzar hasta 200k del sitio de uso».
-Todos los días estamos monitoreando la huella minera que por supuesto sigue en aumento, esto es una violación de la convención sobre la protección del patrimonio ambiental, afectando la cadena alimentaria de la población indígena de Guayana.
Por su parte Fernando Fernández, director de Monitor de DDHH y del Observatorio de Crimines, reseñó que el país tiene un «medio ambiente cultural, social y geopolítico altamente devastado».
«A la crisis ambiental se suma la circunstancia terrible de la emergencia humanitaria compleja que ha hecho que más de 5 millones de venezolanos hayan tenido que migrar de manera forzada, agudizado todo por el covid, esto generó que tengamos un ambiente catastrófico sin tener las condiciones comunes de la catástrofe, como son las guerras y desastres naturales», puntualiza.
Dijo que en la Constitución del 99 hay un primer problema en los derechos ambientales, «porque aunque se establezcan más leyes de protección ambiental, estamos padeciendo lo que hemos llamado un Estado dual, tenemos una Constitución que no se aplica y esa inaplicación ya forma parte del ordenamiento jurídico venezolano. Tenemos inseguridad jurídica que tiene un impacto muy grande en el tema del ambiente.
Asegura que un proceso de transición hacia la democracia sería el punto de partida para el tipo de acciones que se necesitan tanto en legislación internacional como legislación interna en cuanto al ambiente.
Mientras que Alicia Villamizar, miembro de la Academia Naturales, reseñó que para el ciudadano común es bastante difícil tener acceso a la información.
«Venezuela ha ratificado 63 instrumentos internacionales, lo que quiere decir que se comprometió con 63 temas en particular para hacerlos ley nacional. El Estado venezolano para cada uno de esos convenios internacionales está obligado a participar al público y abrir procesos de información sobre los temas y permitir la participación incluso de los pueblos índigenas en la planificación de políticas públicas», reseñó.
Pero advierte que una institucionalidad totalmente desmembrada impide cumplir con la institucionalidad democrática y con los compromisos internacionales.
La diputada Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Justicia y Paz, recordó que el derecho a un ambiente sano es un DDHH establecido en la Constitución, «para nosotros tiene una relación muy estrecha».
«Hay asuntos que para nosotros son fundamentales y tienen que ver con la crítica situación en materia de medio ambiente que atraviesa Venezuela y que vienen desde lo que pasa en el Arco Minero del Orinoco, hasta otros que son consecuencia directa de la crisis humanitaria compleja que hoy atraviesa nuestro país», dijo.
-Los gobiernos de izquierda se jactan de ser progresistas y colaborar con derechos ambientales cuando la realidad es otra. Vemos cómo el régimen de Nicolás Maduro junto con el de Evo Morales en Bolivia, luego de hacer un desastre en la Amazonia no son protectores de derechos ambientales sino que sus políticas en pro de mantener el poder a cualquier precio, nos han llevado a una situación crítica.
DM
