Las organizaciones que forman parte de la red Voces del Sur presentaron el miércoles 9 de septiembre el “Informe Sombra 2019”, que recopila las alertas relacionadas con las violaciones a los derechos informativos en 10 países de América Latina. Durante una rueda de prensa transmitida por diversas plataformas digitales, miembros de los organismos que integran Voceas del Sur explicaron los hallazgos más resaltantes del monitoreo de la libertad de expresión, libertad de prensa y el acceso a la información en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.
Enrique Gasteazoro, Editor del Informe, abrió la ponencia y explicó brevemente el trabajo realizado por Voces del Sur y la finalidad del reporte que busca contribuir con el monitoreo e implementación de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible en América Latina. Asimismo, detalló la metodología utilizada para medir las alertas basándose en el objetivo 16.10.01 que tiene que ver con el “número de casos de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas a periodistas, personal de medios asociados de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en los últimos 12 meses”.
Gasteazoro señaló que “el panorama en el hemisferio es adverso y diverso, aunque similar” en cuanto a libertad de expresión, de prensa y acceso a la información”. Detalló que en 2019 se registraron en total 2.521 alertas y que hubo un aumento de 243% en comparación con 2018, cuando se reportaron 734 alertas. Destacó que “pese al incremento de ataques y agresiones contra la prensa, estas cifras son un avance de la capacidad del monitoreo fortalecido que ha tenido Voces del Sur”.
Luego de esta intervención, tomó la palabra César Ricaurte, representante de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios Ecuador), para profundizar sobre los resultados. Ricaurte manifestó que “2019 fue un año complejo para el periodismo en el continente” y aseveró que “la violencia ha escalado”. Citó el uso abusivo del poder estatal y las torturas contra trabajadores de la prensa como mecanismos preocupantes. “Lo que vemos es un retrato de lo que está pasando en un continente con conflictos sociales”, indicó.
Resultados por países. En el evento de lanzamiento oficial del “Informe Sombra 2019”, Cristina Zahar, de la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji); Adriana León, del Instituto Prensa y Sociedad de Perú (IPYS Perú) y César Ricaurte, narraron los datos más resaltantes de cada uno de los 10 países que se monitorearon.
En primer lugar, Zahar ahondó sobre la situación en Argentina, Brasil y Bolivia. “Los números hablan por sí solos”, dijo antes de expresar que en “Argentina los incidentes contra periodistas se reportaron mayormente en protestas y eventos deportivos”. En cuanto a Brasil, manifestó que “existe una alta vulnerabilidad de los periodistas en el interior del país” y que “el acoso digital ha sido una constante entre los trabajadores de la prensa”.
César Ricaurte afirmó que “en Ecuador los ataques contra la prensa provienen de actores estatales y actores no estatales, en su mayoría grupos violentos”. También dijo que en este país hay un discurso anti-prensa promovido por el gobierno ecuatoriano”. Con respecto a Honduras, resaltó que “es una de las naciones más violentas del continente” y que “hay agresiones perpetradas por parte de actores desconocidos, como bandas delictivas y grupos violentos para estatales”.
Del panorama en Uruguay y Perú, Adriana León reveló que los incidentes registrados son eventos específicos y no una muestra del deterioro estructural de la situación. “Caso contrario a lo que ocurre en Nicaragua y Venezuela, en donde existe un deterioro claro de la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información”, especificó.
Caso venezolano. Venezuela es el país con los números más críticos entre los monitoreados, según el “Informe Sombra 2019”. En los últimos 12 meses, en esta nación se reportaron 642 alertas, un incremento de 228% en comparación al mismo período de 2018, cuando se contabilizaron 196. El reporte evidencia que en el país las cifras son dramáticas, principalmente porque “el Estado ha demostrado su desinterés para proteger la libertad de prensa y de expresión”.
La directora ejecutiva de IPYS Venezuela, Marianela Balbi, también tuvo una intervención durante la ponencia en la que explicó brevemente la situación venezolana. “En Venezuela, las agresiones en contra de la prensa va en ascenso. Al contrario de lo que uno aspira, cada año aumenta la censura”, señaló Balbi. Asimismo, destacó que constantemente surgen mecanismos nuevos para silenciar a los medios y a los periodistas.
Tras explicar el contenido del Informe, se procedió a hablar sobre las conclusiones y las recomendaciones. Estas se basan en tres ejes fundamentales: las organizaciones de la sociedad civil, los Estados y la Organización de Naciones Unidas (ONU). Las exhortaciones tocan aspectos, como la necesidad por establecer un enfoque holístico sobre la seguridad de periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas, y la creación de instituciones alternativas que contribuyan con la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información. Finalmente, los oradores de la rueda de prensa abrieron una sección para responder preguntas de los asistentes e inquietudes planteadas a través de las redes sociales.
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