“Ellos vigilan el transporte, el agua. Cuando se daña algo, una llave, ellos se encargan de la logística y piden dinero. Trabajan con funcionarios de [la empresa estatal de agua] Hidrolara y lo arreglan”, relató un residente del Urbanismo Socialista Alí Primera, un desarrollo habitacional en Barquisimeto, capital del estado Lara, al centro de Venezuela.
Con “ellos”, este habitante no se refiere a funcionarios, tampoco a trabajadores de empresas de servicios estatales o privados. Habla de colectivos: grupos armados políticos dedicados a defender al gobierno de Nicolás Maduro y a reprimir a la oposición política.
Además de ejercer como un brazo armado, los colectivos se han involucrado en economías criminales, como el cobro de extorsiones, y desde hace unos años están profundizando su control de servicios públicos.
En el urbanismo Alí Primera, los colectivos dominan gran parte de los servicios básicos de las casi 4.000 familias que lo habitan y la situación se repite en otros sectores populares de Lara. En este estado se ha visto una privatización de facto de estos y los colectivos son los principales beneficiarios.
Lo que sucede en Lara no es casualidad. En medio de la actual crisis económica de Venezuela, el manejo de los servicios más básicos como alimentos, agua y gasolina en comunidades pobres están siendo controlados por colectivos bajo órdenes de actores políticos. Y en un importante bastión electoral como Lara, dominar estas zonas significa dominar votos.
Desde el agua hasta la gasolina
En Lara, un estado donde predominan los colectivos, InSight Crime entrevistó bajo condición de anonimato a múltiples líderes comunitarios, políticos, periodistas, investigadores, exmiembros de colectivos, y residentes, quienes explicaron cómo estos grupos han profundizado el control de casi todas las necesidades de la vida diaria, empezando por la más básica: el agua.
Los colectivos poseen las herramientas y llaves necesarias para abrir y cerrar los pasos de agua de la empresa estatal Hidrolara, algo que en teoría solo deberían tener sus trabajadores. Con esto, deciden a qué calles llega el agua y a cuáles no y, para devolver el servicio, cobran tanto a residentes de bajos recursos como a los más adinerados.
“Tienen un negocio con los cisterneros y no abren las llaves para que la gente llame a las cisternas, quienes por un tanque de 500 litros de agua cobran de US$6 a $10 dependiendo de la lejanía del sector”, explica un líder sociales de la comunidad de El Ujano, al oeste de la ciudad, que prefiere mantenerse anónimo por motivos de seguridad.
A su vez, los colectivos han empezado a cobrar a los dueños de las tierras aledañas de Alí Primera por tener tomas clandestinas de agua de las tuberías que van hacia el complejo habitacional. De acuerdo con fuentes en terreno, se estaría cobrando entre US$50 y US$80.
Además del agua, los colectivos también están involucrados en la distribución de alimentos subsidiados y el gas, en conjunto con las organizaciones sociales del oficialismo: Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH).
“Ellos tienen un censo de cuántas personas hay en la vivienda para alimentos y gas. Y en las elecciones se activan y dicen que si no votan los van a sacar de [la lista del suministro de] la bolsa”, detalló un líder comunitario que se mantiene anónimo por motivos de seguridad.
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