El Instituto CASLA pidió este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI) avanzar con la investigación contra la «cadena de mando y los altos represores» del régimen venezolano, ante la nueva ola represiva desatada a pocas semanas para las elecciones presidenciales.
«El régimen venezolano mantiene una ola represiva de intimidación y acoso, persecución generalizada, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y encarcelamiento contra miembros de partidos políticos, en especial, del partido Vente Venezuela, y la sociedad civil en general que apoya con o desde su trabajo u oficio el desplazamiento de los lideres en su campaña por todo el país», denunció la organización defensora de derechos humanos.
En un comunicado, destacaron que en lo que va de año 37 personas vinculadas a la oposición han sido detenidas, 20 de ellas directamente vinculadas al comando de campaña del candidato Edmundo González. «Esta cifra pudiera ser aun más abultada, ya que el régimen ha intentado secuestrar o detener arbitrariamente a otros lideres y activistas, detenciones que no se han materializado porque las personas logran zafarse o porque la gente que está alrededor de ellos los han protegido», resaltó el Instituto CASLA.
Además, la organización denunció que en este periodo «también han sucedido agresiones, amenazas, seguimientos y acosos personales en residencias o lugar de trabajo de miembros de partidos políticos, personas reconocidas, influencer de redes sociales, periodistas, abogados y miembros de ONG, y mantienen una amenaza constante y silente contra familiares y presos políticos para callar cualquier denuncia de tratos crueles, inhumanos y degradantes que no han dejado de suceder».
CASLA recordó que la persecución generalizada y sistemática, las desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles son crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma y que en la actualidad está abierta una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI).
«Dichos crímenes continúan cometiéndose hoy día y denunciamos con gran preocupación, que la situación puede empeorar y los lideres, miembros de partidos, activistas, defensores, comunicadores sociales, y la sociedad civil en general que apoya una salida democrática, corren grave peligro, ya que la represión es ejercida, inducida y ordenada desde los más altos responsables del Estado con total impunidad», advirtió el Instituto..
Ante esto, la organización consideró que «dados los acontecimientos que demuestran que los crímenes de lesa humanidad continúan cometiéndose y que las evidencias y pruebas han sido presentadas, es necesario avanzar en la Investigación contra la cadena de mando y los altos represores y que la Corte Penal Internacional actúe según lo permite el Estatuto de Roma».
