Funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (Gric) del Ministerio para el Servicio Penitenciario intervinieron desde el pasado 18 de junio el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), ubicado en Los Teques, capital del estado Miranda, tras iniciarse una investigación por la desaparición de la comida destinada a la alimentación de las más de 1.000 internas que están en ese reclusorio.
La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) publicó la denuncia de los familiares de las internas, quienes señalaron que desde que inició la cuarentena y se suspendieron las visitas han sucedido una serie de irregularidades en el reclusorio.
Recalcaron los investigadores de la organización de defensa de Derechos Humanos de los privados de libertad que de acuerdo a la información reseñada por los familiares, no han podido ver a las internas desde hace 100 días, cuando inició la cuarentena para frenar el contagio de COVID-19, pero mediante cartas les han explicado lo que ocurre detrás de los muros perimetrales.
“Desde mucho antes de la cuarentena ya se estaba desviando la comida de las privadas a causa de las directrices del penal”, denunció una de las madres de las internas, que por temor a represalias prefirió mantenerse en el anonimato.
Entre las denuncias formuladas por las internas a sus familiares, está la reducción de las porciones de alimentos en el almuerzo y la cena. “Si antes les daban una taza de granos, ahora solo tienen la mitad y no nos permiten ingresar alimentos ni paqueterías”, dijeron.
Relata la ONG que la denuncia refleja que al iniciar la cuarentena, el desvío era más notorio al punto de la reducción de la porción de la comida de las privadas de libertad, alegando que era orden del ministerio, ”cuando en realidad es el mismo personal que se la lleva en las madrugadas en vehículos que salen del penal”, según explicaron los familiares.
Las privadas de libertad han denunciado constantemente que la dirección del penal les ha restringido beneficios e impide que sean visitadas por los abogados para agilizar los trámites tribunalicios, los cuales también están paralizados por la cuarentena, que mantiene suspendidas las audiencias en la sede de administración de justicia.
Agregaron que no cuentan con servicio médico ni asesoría jurídica. “Más del 50% de la población ya optan por el primer beneficio de la pena, y por falta de gestionar simples requisitos como redenciones y carta de buena conducta, entre otros, no se pueden introducir los recursos ante los tribunales”, finalizaron.
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