La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuelapresentó el pasado lunes un contundente escrito en el que exigió “el cese de la represión” y que “se lleven a cabo investigaciones exhaustivas” tras los comicios en el país caribeño.
“El Gobierno de Venezuela debe detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando el país desde la celebración de la elección presidencial el 28 de julio, e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo”, manifestó; al tiempo que puntalizó que “las protestas en la calle, así como en redes sociales, de las semanas posteriores a las elecciones, abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado”.
En diálogo con Infobae, Patricia Tappatá, una de las tres integrantes de la Misión, explicó qué es lo que más le preocupa del clima postelectoral en Venezuela, analizó el patrón común de las detenciones ocurridas en las últimas dos semanas y dijo que el grupo presta especial atención al hecho de que más de 100 niños, niñas y adolescentes fueron imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas.
“En nuestro último informe, en septiembre de 2023, concluimos que la maquinaria represiva del Estado seguía vigente y podía activarse a voluntad de acuerdo a las circunstancias. Ahora estamos asistiendo no solo a la reactivación de esa maquinaria, sino a una reactivación acelerada y más extendida, en particular hacia los sectores más pobres de Venezuela”, comenzó la investigadora su conversación con este medio.
Y siguió: “Las muertes durante la primera semana de protestas postelecciones son inaceptables y deben ser investigadas de manera independiente. Eso resulta difícil en las actuales circunstancias porque el poder judicial, y en particular la Fiscalía, están actuando en sumisión a lo que dictan las más altas autoridades del gobierno. En nuestros informes anteriores llamamos la atención sobre la falta de independencia del sistema de justicia. No hay independencia entre los poderes en Venezuela”.
En su reporte del lunes, la Misión indicó que lleva un registro de 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto en el contexto de las protestas. En 18 casos las víctimas fueron hombres de menos de 30 años.
Tappatá dijo que la situación “es difícil también porque el clima de temor se generaliza mientras aumentan las detenciones. Nadie confía en nadie y se sospecha de los vecinos o de los amigos. Se promueve y estimula la delación para que personas que están en libertad o ya detenidas señalen a opositores -o a quienes el gobierno percibe como opositores-, o a los ciudadanos que eligen manifestar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados electorales del 28 de julio. Esto recuerda los tiempos más oscuros de otros países. Además, la detención de niños y niñas, entre 13 y 16 años, algunos con discapacidad, es totalmente desproporcionada y se lleva a cabo sin respeto por las reglas mínimas de protección de la niñez”, puntualizó.
Luego narró: “Antes de estas últimas elecciones, estuvimos investigado casos graves de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de opositores políticos o personas que el Gobierno percibía como enemigos. Pero hoy, luego de que el gobierno comunicó los resultados electorales, estos casos se han incrementado. Así lo demuestran la detención de Freddy Superlano, de otros dirigentes con responsabilidades en la campaña o en la organización de la coalición opositora y las propias amenazas lanzadas contra Edmundo González y María Corina Machado”.
A través de las redes sociales, Tappatá y sus colegas publicaron que siguen buscando información sobre lo que ocurrió -y ocurre- en Venezuela tras los comicios. Consultada sobre cuántas personas se contactaron hasta el momento y qué es lo que más denuncian, la experta contó: “Después de este anuncio, hemos recibido alrededor de 500 denuncias creíbles de graves violaciones a los derechos. Se trata de amenazas, detenciones e incluso violencia sexual, entre otros crímenes. Nuestro equipo de investigación trabaja día y noche para verificarlas aplicando nuestros estrictos estándares de prueba. Quienes quieran aportar más información pueden hacerlo en la dirección que hemos publicado”.
La Misión registró elementos comunes en las detenciones ocurridas en las últimas dos semanas. Al respecto, Tappatá manifestó a Infobae: “Las personas, al ser detenidas, quedan en total indefensión ante la justicia porque asistimos a una práctica que no tiene en cuenta las reglas del debido proceso”, sostuvo.
“Las personas no son detenidas después de que un juez solicite una orden de captura tras evaluar pruebas. Los efectivos de fuerzas de seguridad -muchas veces sin identificación- ingresan en las casas de las familias y les muestran -por ejemplo- un video en el que aparece algún miembro de esa familia en una protesta. Le dicen que eso es ‘instigación al odio’ y se lo llevan sin que nadie sepa adónde. La impotencia y la desesperación se apodera de las familias que no saben si volverán a ver a quien se llevan detenido. Ahí comienza el peregrinar de los familiares para intentar dar con el lugar en donde están detenidos”, describió.
Y continuó: “La persona detenida no puede comunicarse con sus familiares ni con un abogado. No es posible saber en qué condiciones se encuentra, si ha sufrido maltratos o precisa atención médica. Para dar apariencia de formalidad, las personas son presentadas a un juez al límite del plazo legal o por fuera del mismo, sin que sus allegados o abogados puedan enterarse en qué momento y en qué lugar ocurrirá la audiencia. Se impone un defensor público que incluso, a veces, actúa de modo remoto. En varias ocasiones las audiencias se han ‘celebrado’ en horas de la noche y en recintos penitenciarios”.
Luego enfatizó en que “el Fiscal General de la República (Tarek William Saab) ya ha anunciado que quienes protestan, llamados ‘guarimberos’ por las autoridades, serán acusados por ‘terrorismo’, ‘incitación al odio’ o ‘conspiración’ sin haber evaluado antes los hechos. Las imputaciones son tan graves que las personas podrían ser sentenciadas a 30 años en prisión”, remarcó la experta.
“Resumiendo: detenciones sin orden de aprehensión y en ocasiones sin identificación de la fuerza de seguridad que la está realizando; negación o ausencia de información sobre paradero y estado de salud de la persona detenida; imposibilidad de comunicarse con familiares o abogados; audiencias de presentación en lugares y horarios desconocidos y sin defensa de confianza del detenido y acusaciones graves sin sustento en evidencias”, completó.
Sobre la cuestión de que no se permite la defensa privada de los detenidos y tampoco hay comunicación con sus familiares; y preguntada sobre si esto viola las pautas más básicas del derecho internacional, la integrante de la Misión fue contundente: “Sí, las viola absolutamente. Se incumplen las reglas básicas para asegurar que la justicia sea verdaderamente justicia. Estas reglas son parte del elenco de los derechos civiles y políticos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Venezuela ha ratificado, así como de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, explicó.
Por último, respecto a la cantidad de jóvenes detenidos -que el informe destaca que son más de 100 niños, niñas y adolescentes que fueron imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas-, Tappatá sostuvo: “Estamos prestando atención especial a estos casos. Se trata de una violación flagrante de las normas internacionales básicas de protección de la niñez, como se establecen en la Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, que fueron adoptadas por la Asamblea General de la ONU ya en 1990, en su resolución 45/113″.
