El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys Venezuela) llamó a combatir el discurso de odio al referirse al caso de la detención de los 33 de Carabobo, los hombres gais y bisexuales que apresaron en la ciudad de Valencia el pasado 23 de julio.
“Bajo ninguna circunstancia, quienes se dedican profesionalmente a la comunicación social deben promover o replicar discursos de odio, como lamentablemente ocurrió con varios contenidos difundidos a través de algunos medios y redes sociales sobre la detención de 33 personas en un local de Valencia”, dijeron en un comunicado este martes 1 de agosto.
De los hombres, a 30 de ellos los liberaron bajo régimen de presentación y aún esperan por fiadores el dueño del establecimiento y dos trabajadores.
El caso ha traído la condena de organizaciones defensoras de derechos de la población LGBTIQ+ por el tratamiento que le dieron los cuerpos policiales a los detenidos, pero también la cobertura inicial que le dieron algunos medios y páginas difusoras de contenidos informativos.
Ipys Venezuela recordó que “el ejercicio responsable del periodismo está ajustado a la defensa de la democracia y los derechos humanos, lo cual implica pluralidad y respeto por la dignidad de las personas”.
Recordaron que combatir el discurso de odio no implica restringir la libertad de expresión o el derecho a la información, pero sí frenar los peligros que enfrenta la difusión de este tipo de contenidos.
Sobre el caso de los 33 de Carabobo, como se conocen estas detenciones, cuestionaron la violación de varios derechos a quienes sufrieron estas medidas.
Violación de derechos contra los 33
Mencionaron la responsabilidad de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), una jueza y el Ministerio Público. A los 33 los acusan de los supuestos delitos de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica.
Para la ONG defensora de derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información pública y el periodismo de investigación, en este caso se violentaron las siguientes garantías: no discriminación, tutela judicial efectiva, libertad personal, respeto a la integridad física, psíquica y moral, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, debido proceso, libertad de reunión y protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.
Instaron a periodistas y medios a verificar y contrastar hechos, más allá de minutas o informes policiales o versiones de la Fiscalía sobre los hechos, en especial cuando se involucran derechos humanos.
“Todo relato periodístico que involucre derechos humanos debe procurar la mayor verificación y contraste de versiones posibles, con énfasis en la inclusión de la versión o versiones de quienes pueden ser víctimas de atropellos por abuso de poder o de autoridad”, dijeron.
