Nos encontramos en un entorno geopolítico de alta volatilidad que amenaza los precios mundiales de la energía, detonados por el genocidio sangriento e injustificado de Vladimir Putin contra el valiente pueblo ucraniano que resiste valientemente. La guerra ha cambiado los precios del suministro mundial de minerales como la urea y el fosfato, y el precio de bienes como el trigo y el aceite de girasol, que desempeñan un papel central en la producción de alimentos. Los dos países involucrados en esta situación atroz son grandes exportadores de metales como cobre, hierro y níquel, por lo que la incertidumbre actual se traduce en enormes alzas de precios para quienes importan estos productos.
En el caso de la energía, la situación es más crítica, pues la dependencia de muchos países europeos del gas ruso se ha convertido en una amenaza latente. En el caso del petróleo, por su parte, el peso de Rusia como exportador ha hecho de la guerra un factor que incrementa los precios del crudo, elevando los costes de producción de millones de empresas en todo el mundo.
Ante esta volatilidad e incertidumbre, el pragmatismo ha vuelto a convertirse en un camino para las relaciones internacionales, especialmente para aquellos para quienes adquirir energía, y por supuesto petróleo, a toda costa es lo más importante. Uno de los beneficiarios de este peligroso e inconsistente pragmatismo es Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, quien ha recibido una especie de aval con una negociación con Chevron, permitiéndole a la empresa volver a explorar, producir y exportar crudo de Venezuela. En resumen, Maduro quiere aprovechar la situación energética mundial para cambiar el crudo venezolano por más respeto y tolerancia de su gobierno totalitario y violador de los derechos humanos.
La semana pasada una delegación de Naciones Unidas divulgó un escalofriante informe que muestra el alcance de los crímenes de lesa humanidad cometidos sistemáticamente por el régimen de Maduro, a través del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Según las recomendaciones del informe, estos crímenes merecen una acción efectiva por parte de la Corte Penal Internacional.
Permitir que Maduro reconstruya un sistema de producción de petróleo que él mismo destruyó es recompensar sus atrocidades. El petróleo que saldría de Venezuela, si esto ocurre, se convertiría en petróleo que lleva la sangre de ciudadanos indefensos, opositores, periodistas y millones de personas que han salido del país para buscar refugio y esperanza en otros lugares.
Maduro y Putin son lo mismo. Son dictadores, asesinos, criminales de lesa humanidad y violadores de los derechos humanos. El mundo no entendería sanciones a Putin y respeto a Maduro, cuando este último le ha hecho al pueblo venezolano lo que Putin le ha hecho a los ucranianos.
La dignidad de un continente democrático y la dignidad del pueblo venezolano no se pueden negociar, simplemente porque cualquier acuerdo con Chevron crearía un producto final de petróleo ensangrentado.
