Iván Duque preside un país en llamas. Desde que el pasado 28 de abril se iniciaron las protestas, no hay día en que Colombia no se vea sacudida por la violencia. El detonante ha sido la reforma tributaria, el proyecto estrella del mandato de Duque. Una ley que, mediante un aumento de la presión fiscal, pretendía aliviar la deuda generada por la pandemia y enviar un mensaje de rigor a los mercados. El resultado fue bien distinto.Por JAN MARTÍNEZ AHRENS / elpais.com
La medida tocó el nervio profundo de la nación sudamericana y desató la mayor revuelta de los últimos 70 años. De poco sirvió retirarla. El incendio era ya imparable. En menos de un mes han dimitido el ministro de Hacienda, la canciller y el alto comisionado para la Paz; Colombia ha perdido la sede de la Copa América y Standard and Poor’s ha rebajado la calificación de la deuda. Pero eso ha sido lo de menos. Sobre el asfalto han quedado más de 50 cadáveres y 2.000 heridos. Los bloqueos a carreteras y grandes ciudades asfixian la economía y los episodios de brutalidad policial y linchamientos se suceden por doquier.
De la noche a la mañana, un país que intentaba salir de un largo y doloroso conflicto armado ha vuelto al túnel. Los motivos son aún objeto de discusión, pero hay coincidencia en que los estragos de la pandemia, que ha disparado la pobreza a niveles de hace una década (42% de la población), acrecentaron un malestar antiguo del que ha emergido una Colombia indignada y harta.
Nadie se atreve a poner fecha al fin de esta crisis. Ni siquiera el presidente, quien se ha visto cercado por todos los flancos. La comunidad internacional le ha recriminado los excesos policiales. Su padrino político, el mercurial Álvaro Uribe, le ha echado en cara su supuesta debilidad. Y la oposición de izquierda le acusa de ser incapaz de abrir un verdadero diálogo y acabar con el conflicto.
Bajo este fuego cruzado, Duque ha intentado recuperar la iniciativa y, tras los primeros golpes, ha lanzado una ofensiva diplomática y empezado a visitar las zonas de conflicto. El pasado viernes acudió a Cali, la tercera ciudad de Colombia por población, con 2.245.000 habitantes, ydecretó su militarización. Horas antes, un funcionario de la Fiscalía que mató a tiros a dos participantes en un bloqueo había sido linchado en plena calle. Posteriormente, viajó a Popayán (320.000 habitantes), donde un estudiante falleció en una infernal jornada de ataques a edificios oficiales y enfrentamientos con la policía. De ahí ha vuelto a Bogotá, a la Casa de Nariño, su residencia oficial. En el Salón Amarillo, una amplia sala de estilo neoclásico, se celebra la entrevista con EL PAÍS.
Es domingo por la mañana y Duque, de 44 años, llega con algo de retraso a la cita. Viene acompañado de sus edecanes y saluda tranquilo. Antes de empezar la entrevista se santigua y besa un medallón de la Virgen y el Sagrado Corazón de Jesús.
Pregunta. ¿Está Colombia fuera de control?
Respuesta. No. Lo que vemos es una situación con múltiples dimensiones. Hay protestas pacíficas y un clamor de los ciudadanos que escuchamos y respetamos. Pero también se dan graves hechos de vandalismo y terrorismo urbano de baja intensidad, así como bloqueos que atentan contra los derechos fundamentales.
P. En las protestas se han registrado más de 2.000 heridos y más de 50 muertos. ¿No evidencian estos datos un mal manejo policial de la crisis?
R. Cuando se analizan los datos con detenimiento, la cifra de muertes asociadas a situaciones de confrontación en las protestas se reduce sustancialmente. No por ello lo podemos minimizar, ni más faltaba, porque toda vida cuenta. Hay que rechazar la violencia contra la fuerza pública, porque hemos visto policías asesinados y centenares heridos. Pero también, si hay conductas de miembros de la fuerza pública contrarias a la ley, no solamente se condenan, sino que se investigan y se sancionan. Cuando me preguntan por la brutalidad policial, siempre digo que no generalicemos ni estigmaticemos, hagamos la decantación. En Colombia, se abren 30 millones de procedimientos policiales al año. ¿Se pueden presentar situaciones de abuso? Claro que sí, ¿pero es algo sistemático? No, porque es una minoría de hechos. Aun así no va a quedar uno solo sin investigar; este es un país que tiene instituciones independientes.
P. Entiendo que reconoce que hay casos de abusos policiales y los condena, pero considera que son aislados, no generalizados.
R. Lo que hago es decir tres cosas. Número uno, cero tolerancia ante cualquier conducta de un miembro de la fuerza pública contraria a la constitución y la ley o a los derechos humanos. Segundo, se tienen que hacer investigaciones rápidas, internas y también de los organismos de control. Tercero, no he tenido ningún problema en actuar con toda la contundencia cuando se presentan esos hechos.
P. ¿Reconoce por tanto esos abusos?
R. Estoy diciendo no solamente que se han reconocido, sino que se han investigado y sancionado. La policía de Colombia hace depuraciones constantes de miembros que no están cumpliendo con la ley. El honor policial es muy grande, la institución tiene más de 128 años. Mi línea siempre ha sido todo el respaldo, pero toda la exigencia.
Para leer la nota completa pulse Aquí
