La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) sostuvo que Bolivia sigue el camino de la «tiranía consumada en Cuba, Nicaragua y Venezuela», y consideró que el país es gobernado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con fallos «dictados» por la Administración de Luis Arce.
«Bolivia está gobernada por un @TCPBolivia cuyos fallos son dictados en el Ministerio de Justicia», escribió Áñez en la red social X.
Para la exmandataria, el Constitucional es un tribunal «caducado y funcional al régimen del MAS», el gubernamental Movimiento al Socialismo, «que ha prescindido de la Asamblea Legislativa siguiendo el camino de la tiranía consumada en Cuba, Nicaragua y Venezuela».
Áñez se pronunció de esta forma en medio del conflicto por la prórroga de mandato decidida por el TCP para sus propios magistrados y para los jueces de los otros máximos tribunales del país, a falta de las elecciones judiciales que debieron realizarse en 2023.
La preselección de candidatos está trabada desde el año pasado en el Parlamento nacional, que sigue sin ponerse de acuerdo para convocar al proceso electoral, aunque ahora una comisión bicameral y multipartidaria intenta elaborar una nueva ley para dar curso a los comicios judiciales.
La prórroga de los magistrados fue defendida por el Gobierno de Luis Arce que asegura que no es inconstitucional, mientras que los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Evo Morales (2006-2019) han criticado por separado la decisión del Constitucional.
En la víspera, Mesa, líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), sostuvo que la prórroga supone la «instalación de una dictadura político-judicial» en la que el Gobierno de Arce decide «los destinos» de la oposición y la ciudadanía.
También el miércoles el TCP emitió una resolución para que el Parlamento reconozca la prórroga antes de iniciar el tratamiento de la ley que convoque a las elecciones judiciales.
Al respecto, Morales, que está distanciado del presidente Arce, consideró que los magistrados «autoprorrogados» están vulnerando la Constitución y sus acciones «cometen el delito de usurpación de funciones y son una amenaza para la democracia».
Sectores afines a Evo Morales bloquean carreteras desde hace once días para exigir la renuncia de los magistrados y en rechazo a una sentencia del TCP que inhabilita al exmandatario como candidato presidencial al mencionar que la reelección indefinida «no es un derecho humano», un argumento que usó para postular a los fallidos comicios de 2019.
EFE
