La universidad es una institución fundamentada en una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores, estudiantes y egresados con el fin de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre. Como institución autónoma dicta su normativa, diseña y determina los medios, órganos y formas para elegir a sus autoridades, establece su código de principios y también su régimen sancionatorio.
Pero, lamentablemente, a lo largo de la historia de la universidad, nos hemos encontrado con circunstancias que conspiran contra la magna tarea de generar conocimiento. Por ejemplo, atropellos entre profesores, de profesores a alumnos, de alumnos a profesores, diversas formas de corruptelas, de violaciones de los derechos, inequidades, complicidades, clientelismo, arbitrariedades, la incursión del hampa común, la polarización e intolerancia política y el permanente chantaje del gobierno mediante la asignación siempre insuficiente del presupuesto y créditos adicionales. Todo ello repercute negativamente en las condiciones para crecer como universitarios.
Cogobierno es un principio que nace del movimiento reformista denominado Reforma Universitaria que se gestó en Córdoba, Argentina, en 1918. Se trata fundamentalmente de una forma de gobierno compartido en la universidad por parte de los diferentes sectores de la comunidad universitaria. Sus objetivos: 1) expresar internamente la autonomía universitaria respecto a los poderes oligárquicos y 2) democratizar la universidad, con el propósito de romper con el monopolio existente dentro de las instituciones, en donde un grupo cerrado y reducido de profesores y autoridades tenía el control absoluto para tomar decisiones en términos de elección de autoridades, administración y definición de cuestiones académicas.
La representación de los estudiantes en el Consejo Universitario, los consejos de facultad y las asambleas de facultad (cogobierno) se instauró en Venezuela en 1946, y se encuentra establecida en la Constitución y más específicamente en el artículo 25 de la Ley de Universidades. Se trata de que los estudiantes se conviertan en verdaderos actores universitarios y sociales, a efectos de la reivindicación de sus derechos y en la construcción de iniciativas colectivas.
Después de casi 12 años sin renovación de las autoridades en la UCV, el próximo 26 de mayo de 2023 se efectuarán las elecciones para elegir al rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo y la secretaría, además de los decanatos y representantes profesorales ante el Consejo Universitario, Consejos de Facultad y Consejos de Escuela.
La universidad es reflejo de la sociedad y como tal debe existir una retroalimentación entre ambas. Es por ello que los nuevos representantes estudiantiles tienen la obligación histórica, ética y política de contribuir a la solución de problemas concretos que aquejan a la sociedad. El más alarmante, la inseguridad ciudadana.
Deberán tener presente que la universidad no solo forma profesionales, sino que es parte importante del tejido social y sus miembros tienen que asumir el liderazgo en las áreas que son de su competencia, como la promoción de los derechos a la seguridad ciudadana, vida e integridad física.
La inseguridad ha traído como consecuencia que se pierdan miles de vidas por el deterioro de los valores como: la educación, la convivencia, la tolerancia, los cuales han quedado sustituidos por la anarquía que crea la cultura de la muerte. Estamos padeciendo las terribles consecuencias de una guerra entre grupos delictivos que se disputan un mercado que emerge de una economía subterránea, donde se movilizan diariamente cantidades multimillonarias de dinero de origen ilícito.
Ya la violencia no asombra. Nos hemos acostumbrado a escuchar que asaltaron, secuestraron o mataron a un amigo o familiar, y nos resulta tan difícil entender que en las calles asesinen a diario a nuestros congéneres. Tampoco asombran los hechos vandálicos y delictivos que se comenten en el campus universitario en contra de sus autoridades, profesores, alumnos y empleados, así como la infraestructura ucevista, declarada patrimonio cultural de la humanidad.
El derecho a la seguridad ciudadana ha sufrido una extrema vulneración por la acción directa del Estado, dada su negligencia en el diseño y ejecución de políticas públicas coherentes e integrales. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, y de adoptar las medidas necesarias que permitan a todas el goce pleno y efectivo de los derechos humanos. Desde la universidad se debe dar una respuesta a este problema.
Lo que los venezolanos esperan es la implementación de una política pública sustentada en fuertes consensos políticos y sociales. En este tema, los universitarios debemos contribuir con la generación del conocimiento para acompañar a las autoridades gubernamentales en la solución del problema, que es un problema de todos.
Dar y recibir clases en la UCV se ha convertido en una aventura peligrosa. Cualquiera, en cualquier momento puede convertirse en víctima del hampa. El 20 de marzo de 2023 un grupo de estudiantes realizó una protesta por el caso de una joven alumna secuestrada, violada y dejada en la Tierra de Nadie. Son frecuentes los robos de carros en los estacionamientos y de motos.
La inseguridad se convirtió en una pandemia que agobia a la sociedad universitaria. Por la inseguridad, muchos venezolanos se están yendo del país; por la inseguridad no podemos salir de nuestros hogares; por la inseguridad las funerarias cierran sus puertas temprano y no podemos velar dignamente a nuestros muertos; por la inseguridad muchos padres no quieren que sus hijos vayan a la universidad y prefieren mandarlos a estudiar en el exterior.
Las nuevas autoridades deben propiciar un cambio. Se trata de que el sector estudiantil, con su frescura, atrevimientos e ideales, de la mano con el resto de la comunidad universitaria haga aportes significativos para resolver los problemas más apremiantes de los venezolanos. Así lo indica el artículo 2 de la Ley de Universidades.
“Las Universidades son instituciones al servicio de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales“.
El desafío es impostergable. Las nuevas autoridades tendrán un papel protagónico en los grandes debates nacionales, entre ellos, el más apremiante, el relacionado con la seguridad ciudadana.
Deberán ser interlocutores válidos en el análisis crítico de la realidad venezolana y en la búsqueda de soluciones creativas, con lo cual tendrán que expresar sus opiniones, defender sus puntos de vista en contra de la violencia, venga de donde venga.
Tendrán la oportunidad de propiciar el intercambio de ideas y la exposición razonada de las diferencias, para procesar los consensos, disensos y las propuestas con el fin de poner coto a la violencia.
El claustro universitario con su experiencia y los alumnos, con su liderazgo, irreverencia e ilusiones, tendrán la oportunidad de participar en la creación de programas destinados a la prevención del delito, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y hacer del campus universitario un sitio seguro.
También tendrán la oportunidad de convertirse en vigilantes de las instalaciones de la Ciudad Universitaria de Caracas que fue declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad; del Jardín Botánico de Caracas, que cuenta con más de 2.500 especies, que corresponden a unas 200 familias botánicas, de las cuales 50% son de Venezuela y del Hospital Clínico Universitario, en cuyas instalaciones han culminado ajustes de cuentas entre bandas criminales, sin que nadie logre impedirlo, y que han llegado al extremo de irrumpir en un quirófano y cometer un doble homicidio.
En definitiva, las nuevas autoridades universitarias deberán convertirse en un cogobierno para la seguridad, y de ser agentes promotores de un remozado pacto por la vida.
