Los ciudadanos interesados en solicitar la revisión de las medidas de inhabilitación política en Venezuela deben dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según afirmó el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez.
Rodríguez destacó que este procedimiento ratifica el acuerdo de garantías electorales firmado en Barbados y aseguró que se seguirá avanzando dentro del marco constitucional y legal del país para cumplir con los compromisos adquiridos en el proceso de negociación.
La Embajada de Noruega en México confirmó la recepción de un procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación política en Venezuela, enviado por el gobierno de Nicolás Maduro.
Según el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales firmado en Barbados, este mecanismo permitirá la participación de todos los candidatos presidenciales y partidos políticos que cumplan con los requisitos establecidos para las elecciones presidenciales de 2024.
Tanto la oposición como el chavismo han convenido este procedimiento con el objetivo de procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República a personas que desean postularse como candidatos en las elecciones.
Según el mecanismo, los interesados deberán presentarse personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para interponer el recurso contencioso administrativo correspondiente y solicitar un amparo cautelar. El plazo para este proceso será del 1 al 15 de diciembre.
El texto especifica que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, respetando los principios de celeridad, eficiencia y eficacia establecidos en la Constitución.
Además, ambas partes se comprometen a evitar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado venezolano, a respetar la Constitución y las leyes, y a rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político y acciones que atenten contra la soberanía.
El procedimiento también establece que los interesados deberán acatar, dentro del marco constitucional, la decisión que emane del Tribunal Supremo de Justicia en relación a este recurso.
