1. El colapso económico que actualmente sufre Venezuela es el resultado de la política que comenzó aplicar Hugo Chávez, especialmente a partir de 2005 y que siguió Maduro hasta 2021. Entre ambos despilfarraron la mayor bonanza petrolera que haya tenido Venezuela. Sin embrago, el origen de la crisis económica y política se comenzó a incubar en 1977 e hizo explosión el 18 de febrero de 1983 con el viernes negro. A ello siguieron gobiernos erráticos como los de Luis Herrera y Lusinchi. CAP II trató de rectificar el rumbo pero no pudo y con Caldera, la crisis financiera de 1994, la caída de la economía y las devaluaciones, quedó la mesa servida para Hugo Chávez. El fenómeno Chávez no se creó por generación espontánea. Si eso no se entiende, corremos el riesgo de cometer los mismos errores que lo hicieron posible.
2. No es cierto que los gobiernos de Venezuela antes de Chávez fuesen socialistas. Tras la caída de Pérez Jiménez, Betancourt, Leoni y Caldera invirtieron en salud pública, educación y viviendas, para saldar parte de la deuda social heredada de la dictadura. Esto es importante porque no se puede negar la política social como un componente de la política económica general.
3. Al cierre de abril de 2023 la coyuntura económica es la siguiente: contracción de la actividad económica (caída de 8% en el primer trimestre), elevada inflación (471% anual), déficit de la cuenta corriente (pérdida de US$ 210 millones de reservas internacionales), presumiblemente un importante déficit fiscal debido al aumento de la emisión monetaria cuando bajan las reservas internacionales, una reducción brutal de la demanda agregada resultado de la disminución de los salarios y pensiones y del gasto del gobierno, y un sistema bancario enanizado por la política de altos encajes que aplica el BCV. La producción petrolera se ha recuperado pero a niveles muy bajos. Las cifras de pobreza y desigualdad son inaceptables para un país civilizado.
4. Por tanto, no estamos ante una economía que presente un recalentamiento que amerite un programa de ajuste contractivo en un país cuyo PIB entre 2013 y 2021 se redujo 75%. Un programa contractivo aplicado por un nuevo gobierno a partir de 2025, implicaría el fin de ese gobierno.
5. La nueva política económica en Venezuela debe tener dos pilares importantes: primero, aumentar sostenidamente la producción petrolera a un ritmo de al menos 150.000 barriles diarios para así generar más ingresos y mayor actividad económica y segundo, aliviar la restricción externa. Incrementar la producción petrolera requerirá críticamente la inversión privada, para lo cual un nuevo trato petrolero es vital. PDVSA está imposibilitada de expandir su producción. La propiedad del recurso tiene que ser nacional.
6. Mejorar la restricción fiscal implica llegar a un acuerdo con los organismos multilaterales de crédito de manera perentoria. Lo primero que hay que hacer es acceder a los US$ 5.100 millones de Derechos Especiales de Giro que el FMI asignó a Venezuela en septiembre de 2021 pero que ahora están congelados y también solicitar la Facilidad Rápida del FMI diseñada para países en emergencia que no tienen programas con esa institución, mientras se negocian otros arreglos. Luego vendrá la reestructuración de la deuda externa en default para poder volver a los mercados financieros.
7. Solo así y con el apoyo de los demás multilaterales se podrá en el corto plazo estabilizar la economía y reiniciar el crecimiento. Se prescindiría en mayor medida del financiamiento monetario del BCV y así se reduciría la presión sobre el tipo de cambio y la inflación.
8. En la Venezuela de hoy no es procedente usar un ancla monetaria contra la inflación porque no hay forma de estimar la demanda de dinero, ni tampoco un régimen de metas de inflación para llevar la inflación a un dígito en un lapso razonable. En una economía dolarizada, donde la proporción de dólares a bolívares es más de 5 a 1, anclar la inflación implica anclar al tipo de cambio de forma creíble y para ello hay que tener reservas y contar con un BCV centrado en la inflación, en un contexto fiscal más favorable, donde se elimine la raíz del problema inflacionario: la dominancia fiscal que subordina la política monetaria al financiamiento de un fisco crónicamente deficitario.
9. Las distorsiones en materia tributaria que han creado el chavismo y el madurismo hay que examinarlas con cuidado. Muchos de los cambios requerirán modificaciones legales y en 2025 habrá hostilidad por parte la Asamblea Nacional. Se debe tener cuidado de eliminar y reducir impuestos sin que mejoren otras fuentes de recaudación porque ello puede ensanchar el déficit fiscal.
10. Para apoyar la economía no petrolera, hay que reducir el encaje legal hasta 50% comenzando en 2025 y después lo más rápido que sea posible hasta 15%. En una economía en crecimiento y con inflación a la baja en un entorno de cambio político, se potenciaría el crédito bancario.
11. Debe implementarse desde el día uno el Fondo de Solidaridad Social para apoyar a las familias de bajos ingresos, en materia de alimentación con transferencias directas, financiando a la prosecución escolar en primaria y fortaleciendo la salud pública El aumento del salario mínimo es fundamental y este se situaría en US$ 100 mensuales de inmediato. La cooperación financiera internacional es esencial para el citado fondo y se debe acudir a ella. Una nueva política social, aparte de la regulación en las materias de su competencia, será uno de los principales roles del Estado en la economía. El Estado per se no es enemigo de la economía. Todo depende del tipo de Estado y quienes lo dirigen.
12. En 2025 no habrá luna de miel y las demandas sociales serán muy importantes. La AN estará en contra y muy activa al igual que buena parte de los poderes constituidos. Un “Plan Motosierra” para cortar y barrer con todo lo establecido puede acabar con el nuevo gobierno y frustrar el cambio. Habrá que tener mucha capacidad de negociación si se quiere que el gobierno gobierne y se consolide. Lo otro será un intento más, tipo abril de 2002, donde los ánimos sustituyeron a la política.
