Fin del caso Plus Ultra. La juez que ha investigado a la aerolínea por el rescate de 53 millones de euros da carpetazo a las diligencias penales sin ni tan siquiera haber podido interrogar al representante legal de la empresa. Su decisión se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid le tumbara la imputación de la firma ya que la acordó fuera del plazo de la instrucción.
Por Vozpópuli
La magistrada especifica en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli que, tras las diligencias practicadas sobre el rescate de Plus Ultra, no se puede constatar la comisión de los delitos por los que se abrió la causa en abril del año pasado. Al respecto sostiene que, en relación con los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación el Consejo Gestor de la SEPI que autorizó el desembolso no fue el responsable ya que estaba sujeto a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez.
El Consejo Gestor no tiene capacidad decisoria sobre la subvención. Él se limita a elevar la autorización del Consejo de Ministros
«El Consejo Gestor no tiene capacidad decisoria sobre el tema de la subvención acordada, él se limita a elevar a la autorización del Consejo de Ministros la aprobación de las operaciones, en este caso, hasta el Consejo de Ministros de fecha 9 de Marzo de 2021, no se autorizó», reza el auto de la juez la cual emplea el mismo argumento para el delito de cohecho: «El Consejo Gestor no tiene capacidad de decidir, sólo lo hace el Consejo de Ministros», concluye.
Del mismo modo la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid recalca que no se ha apreciado tráfico de influencias en el desembolso de los 53 millones de euros para rescatar a Plus Ultra y que, en relación al delito de obtención de subvenciones falseando las condiciones referidas, no se ha acreditado que la mercantil ocultara datos con el ánimo de defraudar.
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