Un juez federal dijo este jueves que el gobierno de Donald Trump pudo haber «actuado de mala fe» al tratar de apresurar la salida de inmigrantes venezolanos hacia El Salvador antes de que un tribunal pudiera bloquear sus deportaciones.
Durante una nueva audiencia por este caso, el magistrado James Boasberg presionó a un abogado del Departamento de Justicia para que explicara las acciones del gobierno durante el pasado 15 de marzo y determinar así si ignoró sus órdenes para que regresaran a Estados Unidos los aviones que llevaban deportados venezolanos a El Salvador, que nunca fueron juzgados ni condenados por presunta pertenencia a la banda Tren de Aragua, como defiende el ejecutivo.
Boasberg, quien fue nombrado juez federal por el presidente demócrata Barack Obama, dijo que parecía que el gobierno había tratado de sacar a los deportados del país lo más rápidamente posible antes de que un tribunal pudiera intervenir y que sospecha que pudo haber «actuado de mala fe durante todo ese día».
«Si realmente creyeran que algo de lo que hicieron ese día podría sobrevivir a un desafío judicial, no puedo creer que hubieran actuado como lo hicieron», dijo Boasberg.
El juez ordenó el mes pasado al gobierno de EEUU que no realizara deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley que data de tiempos de guerra y que Trump invocó por lo que él consideraba una invasión de la banda venezolana Tren de Aragua.
El juez también ordenó que los aviones con inmigrantes venezolanos que ya estuvieran en el aire en ese momento fueran devueltos a EEUU. Sin embargo, eso no ocurrió.
El Departamento de Justicia defiende que el gobierno no violó la orden del juez, argumentando que no se aplicaba a los aviones que ya habían abandonado el espacio aéreo estadounidense en el momento en que se produjo su orden.
También ha señalado que la orden escrita del juez no decía nada sobre los vuelos que ya habían salido de EEUU y que el juez no tenía poder para obligar al presidente a devolver los aviones de todos modos.
Boasberg dijo que podría emitir un fallo tan pronto como la próxima semana sobre si hay motivos o no para declarar a algún responsable de esta operación en desacato al tribunal por desafiar su orden judicial.
La pelea de Trump contra el Poder Judicial
El caso se ha convertido en un punto álgido en una batalla entre el Poder Judicial y el gobierno de Trump, en medio de la creciente frustración de la Casa Blanca por las órdenes judiciales que bloquean partes clave de la amplia agenda del presidente.
Trump ha pedido la destitución de Boasberg, mientras que el Departamento de Justicia ha argumentado que el juez está sobrepasando su autoridad.
El gobierno de Trump se ha negado a responder a las preguntas del juez sobre cuándo aterrizaron los aviones y quién estaba a bordo, alegando que se consideran «secretos de Estado».
La administración ha dicho que proporcionar la información al juez, incluso si no se da a conocer públicamente, perjudicaría «las preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional».
El gobierno de Trump está instando a la Corte Suprema para obtener permiso para reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador bajo la rara vez utilizada Ley de Enemigos Extranjeros.
