Se caldea el panorama político en Brasil. Y es que la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar al presidente Jair Bolsonaro, a quien al exministro de Justicia Sergio Moro acusó de haber interferido políticamente en el Poder Judicial.
La decisión fue tomada por el magistrado Celso de Mello, quien este lunes respondió a la solicitud realizada el viernes anterior por el Fiscal General de la Nación, Augusto Aras.
Moro, quien como juez condujo a prisión al expresidente Lula da Silva, anunció el viernes su renuncia después de que Bolsonaro destituyera al director general de la Policía Federal, Mauricio Valeixo.
Durante el discurso en el que anunció su dimisión, el exjuez cuestionó la interferencia política del mandatario en el nombramiento de cargos técnicos, incluido el del director de la Policía Federal.
Asimismo, Moro presentó públicamente un intercambio de Whatsapp con Bolsonaro, en el cual el mandatario parece ejercer presiones para el reemplazo del jefe de la Policía Federal. Según medios brasileños, el exjuez dispone de grabaciones de discusiones con Bolsonaro.
Sí hay motivos
De acuerdo con el magistrado de Mello, “los crímenes supuestamente practicados por el señor Presidente de la República parecen tener “íntima conexión con el ejercicio del mandato presidencial», lo que permite la investigación del mandatario.
Según la Constitución brasileña, el presidente no puede ser investigado por actos que hayan ocurrido fuera del ejercicio de su mandato.
La apertura de la investigación en el Tribunal Supremo tiene como objetivo esclarecer si Bolsonaro cometió un eventual delito de falsedad ideológica, coacción, prevaricación u obstrucción de Justicia, entre otros.
En caso de que las acusaciones de Moro no se comprueben, la declaración del exministro puede constituir un delito de «denuncia calumniosa».
Por el contario, si el fiscal Aras encuentra elementos que respalden una denuncia formal contra Bolsonaro, correspondería a la Cámara de Diputados autorizar a la Corte Suprema a llevar a cabo la investigación. Y si se confirmaran las sospechas, el Congreso abriría un proceso de destitución en contra del inquilino de Planalto, la sede del Ejecutivo brasileño.
Después de año y medio en el poder, Bolsonaro vive actualmente la mayor crisis política de su mandato, en medio de su criticada gestión de la pandemia del coronavirus, que según los más recientes reportes deja en Brasil hasta ahora 4.603 fallecimientos, con más de 67 mil casos de contagio.
Su reiterada insistencia en minimizar los efectos de la enfermedad, además de querer acelerar el retorno a las actividades laborales, le ha generado constantes tropiezos con los gobernadores regionales, así como múltiples desencuentros con quien fuera su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, destituido la semana anterior por Bolsonaro.
Nuevos nombramientos
Mientras tanto, ya hay nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública. Se trata del abogado y pastor presbiteriano André de Almeida Mendonça, quien hasta el momento estaba al frente de la Oficina de Abogacía del Estado.
La decisión fue publicada en el Diario Oficial, donde también se anunció el nombramiento de Alexandre Ramagen, un hombre de la confianza del clan Bolsonaro, como nuevo director de la Policía Federal, en sustitución de Mauricio Valeixo, cuyo despido motivó la salida de Moro.
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