Los jueces a cargo de los casos de presos políticos continúan notificando a los abogados defensores penas accesorias donde les declaran la muerte civil ya que los inhabilitan de todos sus derechos como ciudadanos nicaragüenses, además de la inhabilitación de ocupar cargos públicos y de elección popular.
Diferentes abogados consultados por 100% Noticias expresaron que estas notificaciones están llegando de forma «masiva» para todos los presos políticos, incluso los que están detenidos desde el año 2018.
«Téngase a… como traidor a la patria, en consencuencia se le inhabilita de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua así como ejercer cargo de elección popular se le inhabilitan de forma perpetua todos y cada uno de los derechos ciudadanos que le asisten» dicen las notificaciones enviadas a los abogados.
Un defensor dijo a 100% Noticias que recibió notificación de 15 de los presos que defiende, otro recibió notificación de los 12 procesados y otra persona ya recibió 20 notificaciones que corresponden a sus defendidos.
¿Qué significa no tener derechos ciudadanos?
La muerte civil, así es conocida la figura que de forma perpetua le aplican a todos los presos políticos y esto implica que «no tienen derecho a la nacionalidad nicaragüense, no tienen derecho a tener cédula de identidad, no pueden abrir una cuenta de banco, no podrán sacar sus pasaporte, no tienen derecho al trabajo, no podrían cotizar al seguro social (INSS), no podrían tener licencia de conducir, no tienen derecho ciudadano a la libre expresión» enumeró un defensor que prefirió que no lo mencionáramos por razones de seguridad ya que está dentro de Nicaragua.
Ortega dictó sentencia «no son nicaragüenses»
El pasado 8 de noviembre del año 2021, tras ser proclamado ganador de la «farsa electoral» por el Consejo Supremo Electoral, el dictador Daniel Ortega arremetió contra los presos políticos y dictó la sentencia de muerte civil al declarar que «no son nicaragüenses» y los tildó de «hijos de perra».
“Esos que están presos ahí, son unos hijos de perra de los imperialistas yanquis, se los debería llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria”, sentenció.
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), expresó en un comunicado que los derechos ciudadanos que le inhabilitan a los presos políticos violan los artículos 47 al 55 de la Constitución Política de Nicaragua.
“De tal modo, el Centro observa que estas penas accesorias constituyen una muerte civil para las personas condenadas y que se extenderían a un tiempo posterior incluso al cumplimiento de la condena, lo cual resulta inaceptable”.
También el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), calificó de «aberrantes» estas penas accesorias que le están imponiendo a los presos políticos y a sacerdotes al declararlos sin derechos civiles, políticos y de ciudadanos de forma perpetua.
“Según el artículo mencionado estas son penas accesorias que no pueden durar más tiempo que el establecido en la pena principal, por tanto, estas inhabilitaciones tendrían que durar los diez años que la juez Tardencilla, famosa por sus aberraciones y su docilidad delictiva les ha aplicado”, enfatiza el comunicado.
El CENIDH denunció que siete miembros de la diócesis de Matagalpa también se les aplicó esta medida represiva.
“Sin ningún trámite, sin tener ninguna facultad de cambiar una letra de una sentencia que está firme, alteran su contenido y es el colmo que no solo lo están haciendo con aquellas sentencias que todavía no han sido enviadas a la instancia superior por los recursos de apelación interpuestos, incluso se están modificando delictivamente otras que están o han sido falladas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, afirmó el CENIDH.
